El manto de la polarización ha vuelto a cubrir Colombia. La división sobre el proceso de paz y los acuerdos con las FARC alcanzados en 2016 nunca había desaparecido del todo, pero en los últimos meses se mantuvo en el segundo plano de la rutina política, como ruido de fondo, en cualquier caso lejos de los vendavales del caso Odebrecht y de la grave crisis venezolana. La brecha está ahora de nuevo abierta. La decisión del presidente, Iván Duque, de reformar el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra reactivó ese debate que, en realidad, es más que una simple discusión. La impugnación parcial de un compromiso adquirido en La Habana por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y la revisión de una ley ya examinada por la Corte Constitucional abren un escenario imprevisible.
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Sobre el papel, lo que puede hacer temblar lo pactado con la antigua guerrilla son seis de los 159 artículos de la norma estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aparentemente, un asunto menor, técnico e insuficiente para despertar pasiones. No es así, porque en torno a ese sistema de justicia, que investiga a todos los actores del conflicto, de los exguerrilleros a los militares, se ha construido el discurso de reconciliación que da sustento a los acuerdos. En palabras de su presidenta, Patricia Linares, es "un tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa". Una premisa necesaria para la transición, después de más de medio siglo de violencia, 250.000 muertos y ocho millones de víctimas.
Duque presentó hace dos semanas objeciones formales a la ley que reglamenta su funcionamiento con la aspiración, aseguró, de mejorar el modelo. En al menos dos casos, estos reparos pueden tener consecuencias en los delicados equilibrios del partido nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se sienta en el Congreso desde el pasado mes de julio. Esos puntos repercuten en la extradición de los excombatientes -que actualmente no se contempla si los encausados colaboran con el sistema de justicia transicional- y en los delitos cometidos después de la firma del acuerdo. En el trasfondo hay una controversia, sobre todo política, que aún no está resuelta, ya que el excomandante de las FARC Jesús Santrich está detenido desde hace un año con la acusación de narcotráfico y reclamado por la justicia de Estados Unidos.
El sucesor de Santos también planteó una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, ponga negro sobre blanco la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia de un delito y que transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales que se iniciaron antes del pacto y continuaron después. Han pasado siete meses desde que asumió el cargo y Duque había prometido que haría modificaciones a esta jurisdicción. En rigor, no es una sorpresa. Sin embargo, el alcance de la decisión es impredecible por los efectos que pueda tener en las filas de los exguerrilleros, ya sumidas en el descontento. En opinión de los antiguos negociadores de la paz, además, pone en entredicho la esencia de los acuerdos y entorpece el funcionamiento del tribunal.
Del ex alto comisionado Sergio Jaramillo a Humberto de la Calle, pasando por el ex vicepresidente Óscar Naranjo o Frank Pearl han formulado duras críticas a estas modificaciones. Son "intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas", se lee en la carta que dirigieron al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, junto a exministros y jefes de la antigua guerrilla encabezados por Rodrigo Londoño,Timochenko. Este compareció por primera vez en julio pasado ante el tribunal para responder por secuestro sistemático y "retenciones ilegales".
El presidente colombiano siempre ha sido muy crítico con el proceso de paz -fue portavoz de la campaña del no en el referendo del 2016- , aunque moderó su discurso durante la campaña electoral y en los primeros meses de su mandato. Finalmente, dio un paso que contenta al ala dura de su partido, el Centro Democrático, y su fundador, el expresidente Álvaro Uribe, y que coincide con las críticas vertidas por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. En cambio, el procurador, Fernando Carrillo, considera que "objetar la JEP abre un debate inoportuno e inútil que desconoce el rol de la Corte Constitucional".
Mientras el alto tribunal optó por inhibirse a la espera de que el Congreso debata y se pronuncie sobre estas reformas, las consecuencias inmediatas de las objeciones se sintieron en las calles de Colombia y en algunos organismos multilaterales, empezando por la ONU. "Aliento al Gobierno implementar la Justicia Especial para la Paz de una manera integral y, en cuanto a la decisión presidencial de objetar seis artículos de la ley estatutaria, animo al Gobierno y al legislativo, así como a todas las partes interesadas, a discutir y revisar estos artículos de forma rápida", afirmó esta semana Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado colombiano a actuar con rapidez.
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Miles de personas se han movilizado en defensa de la JEP, aunque el presidente afirmó el pasado jueves durante una visita a Chile que "lo que se está dando en este momento en Colombia es una gran oportunidad para un consenso institucional, para un consenso político”. Su objetivo, asegura, es "avanzar hacia tener esa justicia transicional que nos una a los colombianos". "Estamos a tan solo seis artículos de lograr ese importante avance y eso es lo que me parece que tenemos que resaltar”, manifestó Duque. Sus palabras chocan, no obstante, con el clima de tensión que el anuncio de la reforma ha generado, despertando no solo la inquietud de sus magistrados sino avivando la polarización de una sociedad ya muy dividida sobre la paz.
