Ahora que las autoridades diseñan una reforma fiscal o tributaria, como quiera que se le denomine, debieran encaminar la mirada a Colombia, donde el rechazo a nuevos impuestos provocó un levantamiento cívico que cobró más de quince vidas, decenas de heridos y miles de detenidos producto de una brutal actuación policial y militar.

Los hechos ocurridos en la nación sudamericana deben servir de espejo para que las autoridades nacionales aprecien, con nitidez, las consecuencias que tendría descargar el peso de la crisis sobre las masas populares, exonerando con ello a los sectores más ricos.

Sabemos que el Estado está urgido de recursos financieros para garantizar su funcionamiento, pero estos no pueden seguir obteniéndose a costa de un endeudamiento externo, comprometiendo las futuras generaciones.

Tampoco estos recursos se deben obtener exprimiendo, aún más, con más gravámenes indirectos a los sectores populares, como tradicionalmente se ha hecho aquí y en otros países del continente.

Los opulentos de la sociedad tienen que aportar a la democracia con un esfuerzo que permita que el Estado mejore sus finanzas, también las autoridades deben administrar con más prudencia los recursos del erario.

Si se quiere la paz social, si se desea la gobernabilidad, se debe plantear una reforma fiscal en donde no se toque a los más desvalidos de la sociedad, que es la mayoría del pueblo.

Los trágicos acontecimientos de Colombia, deben servir de ejemplo a los que diseñan la reforma fiscal y evitar que la crisis económica, que no la creo el pueblo, se le eche en sus hombros.