Santo Domingo. El gobierno del presidente Luis Abinader ha comenzado a estructurar un diálogo nacional con actores políticos, empresariales y sociales, en un intento por anticipar los efectos económicos derivados de la escalada de crisis en Medio Oriente. Sin embargo, el proceso, aún en fase inicial, revela tanto una convergencia táctica en sectores productivos como profundas divergencias ideológicas sobre quién debe absorber el impacto de la crisis.
Las primeras mesas de trabajo, coordinadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, se han enfocado en cadenas críticas (combustibles, transporte, alimentos), con el objetivo de preservar el abastecimiento interno y contener presiones inflacionarias. El enfoque oficial privilegia la coordinación intersectorial y la estabilidad macroeconómica, en línea con un modelo de gestión orientado a amortiguar choques externos sin alterar sustancialmente la arquitectura fiscal vigente.
El respaldo del empresariado ha sido inmediato. Gremios como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) han validado la iniciativa como un mecanismo necesario para sostener la confianza y evitar perturbación en la actividad productiva. En términos operativos, el sector privado apuesta por una respuesta concertada que priorice la continuidad del crecimiento y la estabilidad del empleo, evitando medidas que introduzcan incertidumbre regulatoria.
Pero ese consenso no se replica en el ámbito político. Desde la oposición, voces como la de Yván Lorenzo han cuestionado la autenticidad del proceso, sugiriendo que el diálogo podría ser instrumentalizado como una estrategia de legitimación política más que como un mecanismo real de concertación. La crítica se articula sobre un mal estructural; mientras el Ejecutivo convoca al consenso, mantiene políticas que algunos sectores consideran fiscalmente regresivas o políticamente selectivas.
Más allá del debate institucional, el mayor punto de fricción emerge en el terreno económico, la distribución del costo de la crisis. Organizaciones de izquierda, incluyendo el Partido Patria Para Todos, han planteado una ruptura con el enfoque actual, proponiendo una reconfiguración del modelo fiscal que traslade la carga hacia los sectores de mayores ingresos.
El economista Héctor Sánchez, al frente de esa organización, ha delineado un paquete de medidas que incluye la eliminación de subsidios a grandes empresas, la reducción del gasto público no prioritario y políticas activas para fortalecer la producción nacional. El planteamiento responde a una lectura distinta del momento: en lugar de absorber el shock externo mediante ajustes graduales, propone una redistribución explícita del impacto económico.
Este enfoque contrasta con la estrategia gubernamental, que busca preservar el equilibrio fiscal y la estabilidad de los mercados, evitando intervenciones que puedan ser percibidas como una ruptura por inversionistas o actores internacionales. La diferencia no es menor, define dos modelos de respuesta frente a crisis globales, uno basado en la coordinación y la contención, otro en la redistribución y la intervención estructural.
En el trasfondo, la crisis en el Golfo Pérsico actúa como catalizador de un debate más amplio sobre la resiliencia de economías abiertas como la dominicana. El alza de los precios del petróleo, la presión sobre las importaciones y la volatilidad de los mercados internacionales reactivan preguntas sobre dependencia energética, soberanía productiva y equidad fiscal.
Por ahora, el diálogo nacional avanza como un experimento político y económico en tiempo real. Su éxito dependerá no solo de la capacidad de articular consensos mínimos, sino de resolver (o al menos administrar) el malestar central que lo atraviesa: quién paga el costo de la estabilidad.
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