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La senadora de Florida (EEUU), Ashley Moody, ha avisado este miércoles de que el ex presidente cubano Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta en Estados Unidos por la muerte de cuatro aviadores en 1996, avisó este miércoles la senadora de Florida, Ashley Moody, en una lectura de cargos.

Pero aunque el impacto político de la imputación de Raúl Castro es inmenso, en la práctica es bastante simbólico: para empezar, es sumamente improbable que vaya a la cárcel.

Para que Castro sea juzgado en una corte estadounidense, tendría que ser arrestado y extraditado, y la dictadura de Cuba jamás entregará a su histórico dirigente. Además, la isla no comparte tratados de extradición con EEUU.

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Así que el hipotético juicio se mantendrá congelado a menos que Raúl Castro viaje a un tercer país que tenga un tratado de extradición activo con EEUU y decida arrestarlo, algo inviable a sus casi 95 años.

Por otra parte, Trump no ha querido responder este miércoles a un periodista que le ha preguntado si va a capturar a Castro como hizo con Maduro. «No quiero decir eso», ha respondido, cauto.

Presión diplomática

La decisión de la justicia norteamericana de imputar a Raúl Castro responde a la estrategia de presión de la administración de Donald Trump hacia el régimen cubano. Al elevar los cargos a la cúspide de la revolución cubana, EEUU busca asestar un golpe al gobierno de la isla y acercarse más aún al exilio cubano en Miami.

La imputación coincide, además, con un periodo de alta tensión en el que EEUU ha ampliado sanciones financieras a altos cargos militares y políticos de la isla.

 

La imputación de Raúl Castro por parte de EEUU recupera uno de los episodios más tensos en la historia reciente entre Washington y La Habana. La Fiscalía norteamericana sitúa al hermano de Fidel Castro en el centro de una causa penal antigua recuperada para generar un alto impacto político en la isla. En el momento de los hechos, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que le colocaba en una posición de máxima responsabilidad sobre el aparato militar que ejecutó el ataque contra las aeronaves civiles de la organización de exiliados.

Cómo fue el incidente de 1996 del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate

El caso por el que se va a imputar a Raúl Castro se centra en la orden de ataque contra dos aeronaves desarmadas de la ONG Hermanos al Rescate que volaban en misión humanitaria de búsqueda y rescate de balseros en el Estrecho de Florida.

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG-29 y MiG-23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba derribaron dos Cessna 337 Skymaster de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, según determinó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Una tercera avioneta, pilotada por el fundador de la organización, José Basulto, logró escapar. Las cuatro víctimas, todos cubanoamericanos residentes en Miami, nunca fueron recuperadas. El juez federal de EEUU, James Lawrence King, en un fallo posterior, condenó el acto como un “indignante desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos básicos”, al calificar el derribo como un asesinato en espacio aéreo internacional.

Las pruebas de EEUU contra Raúl Castro

En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas. La acusación se apoyaría en varios elementos clave:

Un audio grabado en junio de 1996 en el que se escucha a Castro decir: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban… Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan». Este registro demostraría su participación directa en la decisión de derribar las aeronaves.

La confesión pública del propio Castro al congresista James McGovern en 2014: «Yo di la orden. Yo soy el responsable».

Tanto Raúl como Fidel Castro asumieron públicamente la responsabilidad en su momento, pero nunca enfrentaron consecuen