El Tribunal Superior Electoral y la democracia representativa

Eduardo Jorge Prats y Roberto Medina Reyes

Publicado: 25/10/2019

El Tribunal Superior Electoral y la democracia representativa

El pasado viernes 18 de octubre el Tribunal Superior Electoral publicó la <a href="http://tse.do/Docs/DispositivosSentecia/2019/Cert.%20Sentencia%20TSE-059-2019.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(156, 5, 13); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Sentencia TSE-059-2019</a>, mediante la cual se acoge una demanda en nulidad interpuesta por varios precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en contra de la inscripción de la precandidatura del señor Sammy Hernández Felipe a un cargo de elección popular por inobservar los requisitos exigidos por los artículos 79 y 82 de la Constitución. Según estos artículos, el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido está condicionado en los cargos congresuales al cumplimiento de dos condiciones: (a) ser nativo de la demarcación por la cual se aspira; o, (b) sin ser nativo de la demarcación, haber residido en ella por lo menos cinco (5) años consecutivos.

 

Para el Tribunal Superior Electoral, el señor Hernández Felipe no cumplía con ninguna de estas condiciones, pues, en primer lugar, no es nativo del municipio de Santo Domingo Norte, -demarcación por la cual aspiraba-, sino que nació en Estados Unidos de América (párr. 9.12); y, en segundo lugar, no había residido por más de cinco (5) años consecutivos en la circunscripción electoral, es decir, en la unidad político-territorial que pretendía representar (párr. 9.24). Para llegar a estas conclusiones, dicho tribunal se inmiscuyó en tres aspectos importantes: (a) los límites al derecho de elegir y ser elegido; (b) la idea de representación; y, (c) el concepto de circunscripción electoral. Pero antes, el Tribunal Superior Electoral conoció de los medios de inadmisión planteados por los codemandados, incorporando una nueva excepción al requisito del agotamiento de las vías partidarias como condición previa al apoderamiento de la jurisdicción contenciosa electoral, consagrado en el artículo 30, numeral 4, de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de fecha 15 de agosto de 2018.

 

En efecto, según dicho tribunal, el objetivo del legislador al exigir el agotamiento de las vías partidarias como condición de validez para impugnar las normas estatutarias o los actos partidarios consiste en asegurar que la función controladora del Tribunal Superior Electoral sólo se active cuando los órganos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos hayan resuelto, de manera definitiva, los reclamos presentados por los miembros o militantes. Es decir que este requisito, en síntesis, procura asegurar el “agotamiento real y efectivo de las vías partidarias” (párr. 8.5.10) con anterioridad a la interposición de demandas en nulidad por ante la jurisdicción contenciosa electoral. Este agotamiento previo sólo es posible, en palabras del Tribunal Superior Electoral, cuando no concurran algunas de las siguientes circunstancias: (a) una ausencia de consagración expresa en los estatutos y reglamentos partidarios de las vías de impugnación internas; o, (b) una inercia de parte de las autoridades partidarias en responder el reclamo presentado a nivel interno dentro del plazo preestablecido.

 

En sus propias palabras: “el agotamiento de las vías puede producirse sin que quede plenamente satisfecho el requisito de definitividad que se presume en el artículo 30.4 de la Ley No. 33-187. Una de estas ´excepciones´, ya ha sido establecida por este tribunal: la ausencia de consagración expresa en los estatutos y reglamentos partidarios de las vías de impugnación a nivel interno torna inoponible esta causa como medio de inadmisión ante una demanda presentada a este colegiado. El análisis del presente caso permite al tribunal insertar una segunda ´excepción´: la inercia de parte de las autoridades partidarias en responder el reclamo presentado a nivel interno dentro del plazo establecido por la norma aplicable opera en perjuicio del partido político concernido, reputándose agotadas las vías, máxime cuando, como en la especie, dicha falta de respuesta se ve agravado por la llegada del vencimiento de plazos faltes configurados a nivel legislativo y reglamentario por las autoridades públicas en el ámbito electoral para la realización de actos especifico con motivo de un proceso eleccionario” (párr. 8.5.11).

 

Continúa dicho tribunal explicando que “el agotamiento de las vías partidarias se presume y la admisibilidad de la demanda se da por sentada cuando a su activación por la parte actora suceden retardos, omisiones e incumplimientos imputables a las autoridades partidarias competentes que tornen inefectivas e ineficaces las vías internas. En estos supuestos, la exigencia de su agotamiento resulta ser una condición incompatible con la Constitución y los principios y derechos fundamentales en ella contenidos, pues se castiga al miembro o afiliado por la inercia de las autoridades partidarias o por la inoportunidad de sus decisión sobre el reclamo interno. Así que, en tales casos, el justiciable queda autorizado a acudir directamente ante este tribunal, aun cuando las autoridades partidarias no se hayan pronunciado sobre la queda o reclamo presentado a lo interno de la organización” (párr. 8.5.19).

 

De lo anterior se infiere que el agotamiento previo de las vías partidarias es de carácter optativo para la interposición de las demandas en nulidad en contra de las normas estatutarias o de los actos partidarios cuando no existe una consagración expresa de las vías de impugnación internas en los estatutos y reglamentos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. De igual forma, se presume el cumplimiento de este “requisito de definitividad” en aquellos casos en que se produce un acto presunto de denegación de los reclamos internos realizados por los miembros o militantes del partido como consecuencia de la falta de respuesta de los órganos internos en el plazo preestablecido en las normas reglamentarias o estatutarias.

 

Siendo esto así, el Tribunal Superior Electoral indicó que en el caso en cuestión, contrario a lo alegado por los codemandados, “(a) no existían vías internas específicas a través de las cuales los demandantes podían impugnar la precandidatura del ciudadano Sammy Hernández Felipe y (b) que la impugnación sometida a nivel interno por la parte actora, culminó en una suerte de denegación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a las garantías fundamentales previstas en la Constitución de la República” (párr. 8.5.20).

 

En virtud de lo anterior, dicho tribunal se avocó a ponderar el fondo del asunto, para lo cual analizó los límites del derecho ciudadano de elegir y ser elegido. En este punto, es importante aclarar que los derechos fundamentales, desde una concepción principialista, se encuentran estructurados por normas iusfundamentales compuestas por reglas y principios. Las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esta medida, pueden ser sólo cumplidas o incumplidas. En cambio, los principios constituyen mandatos de optimización que ordenan que el objeto protegido por el derecho fundamental se realice a la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas  y jurídicas (Alexy: 86).

 

En ese orden de ideas, es posible afirmar que el derecho ciudadano de elegir y ser elegido no sólo consagra el derecho subjetivo individual a elegir y ser elegible para los cargos de elección popular (artículo 22.1), sino que además se encuentra estructurado en base a los principios de democracia y representación (artículo 4), los cuales hacen posible regular o condicionar su contenido para asegurar las necesidades e intereses de los grupos sociales. En otras palabras, es en base a los principios de una democracia representativa que el constituyente condiciona el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido al cumplimiento o acreditación de ciertos requisitos, los cuales procuran fortalecer la representación entre las circunscripciones electorales y sus representados. Así lo explica el Tribunal Superior Electoral, al señalar que la consagración de los requisitos previstos en los artículos 79 y 82 de la Constitución posee una justificación teórica de suma relevancia que está basada sobre dos elementos: (a) la idea de representación; y, (b) el concepto de circunscripción electoral (párr. 9.7).

 

Para el Tribunal Superior Electoral, citando a Jellinek, la representación “es la relación de una persona con otra o varias, en virtud de la cual la voluntad de la primera se considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente aparecen como una sola persona” (párr. 9.7). Ahora bien, no cualquier tipo de representación es compatible con nuestra forma de gobierno, sino sólo aquella que permite entablar una conexión auténtica entre el representante y las necesidades de los grupos sociales. De ahí que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Constitución dominicana propugna por un concepto de representación especifico: la representación sustantiva. Para Hannah Pitkin, la representación sustantiva significa que el representante “debe actuar por el representado”, es decir, que debe actuar en su beneficio e interés (Pitkin: 65). Es en base a esta idea que la imposición de los requisitos contemplados en los artículos 79 y 82 de la Constitución son considerados por dicho tribunal como una forma de propiciar la consecución de una democracia realmente representativa.

 

El concepto de representación sustantiva es asumido, a nuestro juicio, por el Tribunal Superior Electoral, al afirmar lo siguiente: “Es notorio que el legislador al momento de confeccionar la norma, consideró de incuestionable relevancia el vínculo existente entre la demarcación electoral y el ciudadano elegido como su representante. El arraigo de este último con respecto a aquella, cifrado en la condición de nativo de la misma o bien por haber residido en ella por un tiempo suficiente como para entablar una conexión auténtica con las necesidades y pretensiones de la comunidad, es un elemento clave en la elección de los cargos por voto popular. La relación entre la circunscripción electoral y el aspirante al cargo correspondiente es, sin más, una exigencia -a juicio de este colegiado razonable y por ende, constitucional- que condiciona fatalmente la elección. La idea subyacente (…) es procurar ´condiciones mínimas´ de arraigo e identificación territorial para así fortalecer la representación entre la demarcación y el sujeto elegido, entre la circunscripción electoral y su representante” (párr. 9.9).

 

Continúa dicho tribunal explicando que “si la representación convierte al sujeto elegido en voz de un conjunto de ciudadanos, entonces las circunscripciones electorales hacen operativa dicho ideal, acercando a los(as) ciudadanos(as) al precandidato(a) o candidato(a) y favoreciendo algún grado de identificación entre uno y otro, atendiendo al tamaño de la (o las) comunidades incluidas en la circunscripción, su rol en la geografía nacional, su trascendencia en la distribución demográfica y su papel en la repartición del poder político en la nación” (párr. 9.10).

 

En síntesis, la democracia representativa exige una conexión auténtica entre los representantes y sus representados, a fin de que éstos realmente actúen en beneficio de las necesidades e intereses de las comunidades electoras. Para lograr este objetivo, tanto el constituyente como el legislador ha establecido requisitos de tiempo y arraigo que condicionan el ejercicio del derecho ciudadano de elegir y ser elegido consagrado en el artículo 22.1 de la Constitución. Esta sentencia, sin duda alguna, es una decisión importante y trascendental, pues procura asegurar la existencia de una representación sustantiva entre la demarcación y el sujeto elegido, entre la circunscripción electoral y su representante.

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<a href="https://acento.com.do/2019/promovido/8742499-el-tribunal-superior-electoral-y-la-democracia-representativa/#_ednref1" name="_edn1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(156, 5, 13); text-decoration-line: none;">[i]</a> Eduardo Jorge Prats y Roberto Medina Reyes: Director General y Gerente del Área de Regulación y Litigio Constitucional y Administrativo, respectivamente, de la firma Jorge Prats Abogados & Consultores, que representó a los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la demanda en nulidad incoada en contra de la inscripción de la precandidatura del señor Sammy Hernández Felipe a un cargo de elección popular por inobservar los requisitos exigidos por los artículos 79 y 82 de la Constitución.
<body id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 10px; width: 1px; height: 180px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; left: -1000px;">
El pasado viernes 18 de octubre el Tribunal Superior Electoral publicó la <a href="http://tse.do/Docs/DispositivosSentecia/2019/Cert.%20Sentencia%20TSE-059-2019.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(156, 5, 13); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Sentencia TSE-059-2019</a>, mediante la cual se acoge una demanda en nulidad interpuesta por varios precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en contra de la inscripción de la precandidatura del señor Sammy Hernández Felipe a un cargo de elección popular por inobservar los requisitos exigidos por los artículos 79 y 82 de la Constitución. Según estos artículos, el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido está condicionado en los cargos congresuales al cumplimiento de dos condiciones: (a) ser nativo de la demarcación por la cual se aspira; o, (b) sin ser nativo de la demarcación, haber residido en ella por lo menos cinco (5) años consecutivos.

 

Para el Tribunal Superior Electoral, el señor Hernández Felipe no cumplía con ninguna de estas condiciones, pues, en primer lugar, no es nativo del municipio de Santo Domingo Norte, -demarcación por la cual aspiraba-, sino que nació en Estados Unidos de América (párr. 9.12); y, en segundo lugar, no había residido por más de cinco (5) años consecutivos en la circunscripción electoral, es decir, en la unidad político-territorial que pretendía representar (párr. 9.24). Para llegar a estas conclusiones, dicho tribunal se inmiscuyó en tres aspectos importantes: (a) los límites al derecho de elegir y ser elegido; (b) la idea de representación; y, (c) el concepto de circunscripción electoral. Pero antes, el Tribunal Superior Electoral conoció de los medios de inadmisión planteados por los codemandados, incorporando una nueva excepción al requisito del agotamiento de las vías partidarias como condición previa al apoderamiento de la jurisdicción contenciosa electoral, consagrado en el artículo 30, numeral 4, de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de fecha 15 de agosto de 2018.

 

En efecto, según dicho tribunal, el objetivo del legislador al exigir el agotamiento de las vías partidarias como condición de validez para impugnar las normas estatutarias o los actos partidarios consiste en asegurar que la función controladora del Tribunal Superior Electoral sólo se active cuando los órganos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos hayan resuelto, de manera definitiva, los reclamos presentados por los miembros o militantes. Es decir que este requisito, en síntesis, procura asegurar el “agotamiento real y efectivo de las vías partidarias” (párr. 8.5.10) con anterioridad a la interposición de demandas en nulidad por ante la jurisdicción contenciosa electoral. Este agotamiento previo sólo es posible, en palabras del Tribunal Superior Electoral, cuando no concurran algunas de las siguientes circunstancias: (a) una ausencia de consagración expresa en los estatutos y reglamentos partidarios de las vías de impugnación internas; o, (b) una inercia de parte de las autoridades partidarias en responder el reclamo presentado a nivel interno dentro del plazo preestablecido.

 

En sus propias palabras: “el agotamiento de las vías puede producirse sin que quede plenamente satisfecho el requisito de definitividad que se presume en el artículo 30.4 de la Ley No. 33-187. Una de estas ´excepciones´, ya ha sido establecida por este tribunal: la ausencia de consagración expresa en los estatutos y reglamentos partidarios de las vías de impugnación a nivel interno torna inoponible esta causa como medio de inadmisión ante una demanda presentada a este colegiado. El análisis del presente caso permite al tribunal insertar una segunda ´excepción´: la inercia de parte de las autoridades partidarias en responder el reclamo presentado a nivel interno dentro del plazo establecido por la norma aplicable opera en perjuicio del partido político concernido, reputándose agotadas las vías, máxime cuando, como en la especie, dicha falta de respuesta se ve agravado por la llegada del vencimiento de plazos faltes configurados a nivel legislativo y reglamentario por las autoridades públicas en el ámbito electoral para la realización de actos especifico con motivo de un proceso eleccionario” (párr. 8.5.11).

 

Continúa dicho tribunal explicando que “el agotamiento de las vías partidarias se presume y la admisibilidad de la demanda se da por sentada cuando a su activación por la parte actora suceden retardos, omisiones e incumplimientos imputables a las autoridades partidarias competentes que tornen inefectivas e ineficaces las vías internas. En estos supuestos, la exigencia de su agotamiento resulta ser una condición incompatible con la Constitución y los principios y derechos fundamentales en ella contenidos, pues se castiga al miembro o afiliado por la inercia de las autoridades partidarias o por la inoportunidad de sus decisión sobre el reclamo interno. Así que, en tales casos, el justiciable queda autorizado a acudir directamente ante este tribunal, aun cuando las autoridades partidarias no se hayan pronunciado sobre la queda o reclamo presentado a lo interno de la organización” (párr. 8.5.19).

 

De lo anterior se infiere que el agotamiento previo de las vías partidarias es de carácter optativo para la interposición de las demandas en nulidad en contra de las normas estatutarias o de los actos partidarios cuando no existe una consagración expresa de las vías de impugnación internas en los estatutos y reglamentos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. De igual forma, se presume el cumplimiento de este “requisito de definitividad” en aquellos casos en que se produce un acto presunto de denegación de los reclamos internos realizados por los miembros o militantes del partido como consecuencia de la falta de respuesta de los órganos internos en el plazo preestablecido en las normas reglamentarias o estatutarias.

 

Siendo esto así, el Tribunal Superior Electoral indicó que en el caso en cuestión, contrario a lo alegado por los codemandados, “(a) no existían vías internas específicas a través de las cuales los demandantes podían impugnar la precandidatura del ciudadano Sammy Hernández Felipe y (b) que la impugnación sometida a nivel interno por la parte actora, culminó en una suerte de denegación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a las garantías fundamentales previstas en la Constitución de la República” (párr. 8.5.20).

 

En virtud de lo anterior, dicho tribunal se avocó a ponderar el fondo del asunto, para lo cual analizó los límites del derecho ciudadano de elegir y ser elegido. En este punto, es importante aclarar que los derechos fundamentales, desde una concepción principialista, se encuentran estructurados por normas iusfundamentales compuestas por reglas y principios. Las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esta medida, pueden ser sólo cumplidas o incumplidas. En cambio, los principios constituyen mandatos de optimización que ordenan que el objeto protegido por el derecho fundamental se realice a la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas  y jurídicas (Alexy: 86).

 

En ese orden de ideas, es posible afirmar que el derecho ciudadano de elegir y ser elegido no sólo consagra el derecho subjetivo individual a elegir y ser elegible para los cargos de elección popular (artículo 22.1), sino que además se encuentra estructurado en base a los principios de democracia y representación (artículo 4), los cuales hacen posible regular o condicionar su contenido para asegurar las necesidades e intereses de los grupos sociales. En otras palabras, es en base a los principios de una democracia representativa que el constituyente condiciona el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido al cumplimiento o acreditación de ciertos requisitos, los cuales procuran fortalecer la representación entre las circunscripciones electorales y sus representados. Así lo explica el Tribunal Superior Electoral, al señalar que la consagración de los requisitos previstos en los artículos 79 y 82 de la Constitución posee una justificación teórica de suma relevancia que está basada sobre dos elementos: (a) la idea de representación; y, (b) el concepto de circunscripción electoral (párr. 9.7).

 

Para el Tribunal Superior Electoral, citando a Jellinek, la representación “es la relación de una persona con otra o varias, en virtud de la cual la voluntad de la primera se considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente aparecen como una sola persona” (párr. 9.7). Ahora bien, no cualquier tipo de representación es compatible con nuestra forma de gobierno, sino sólo aquella que permite entablar una conexión auténtica entre el representante y las necesidades de los grupos sociales. De ahí que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Constitución dominicana propugna por un concepto de representación especifico: la representación sustantiva. Para Hannah Pitkin, la representación sustantiva significa que el representante “debe actuar por el representado”, es decir, que debe actuar en su beneficio e interés (Pitkin: 65). Es en base a esta idea que la imposición de los requisitos contemplados en los artículos 79 y 82 de la Constitución son considerados por dicho tribunal como una forma de propiciar la consecución de una democracia realmente representativa.

 

El concepto de representación sustantiva es asumido, a nuestro juicio, por el Tribunal Superior Electoral, al afirmar lo siguiente: “Es notorio que el legislador al momento de confeccionar la norma, consideró de incuestionable relevancia el vínculo existente entre la demarcación electoral y el ciudadano elegido como su representante. El arraigo de este último con respecto a aquella, cifrado en la condición de nativo de la misma o bien por haber residido en ella por un tiempo suficiente como para entablar una conexión auténtica con las necesidades y pretensiones de la comunidad, es un elemento clave en la elección de los cargos por voto popular. La relación entre la circunscripción electoral y el aspirante al cargo correspondiente es, sin más, una exigencia -a juicio de este colegiado razonable y por ende, constitucional- que condiciona fatalmente la elección. La idea subyacente (…) es procurar ´condiciones mínimas´ de arraigo e identificación territorial para así fortalecer la representación entre la demarcación y el sujeto elegido, entre la circunscripción electoral y su representante” (párr. 9.9).

 

Continúa dicho tribunal explicando que “si la representación convierte al sujeto elegido en voz de un conjunto de ciudadanos, entonces las circunscripciones electorales hacen operativa dicho ideal, acercando a los(as) ciudadanos(as) al precandidato(a) o candidato(a) y favoreciendo algún grado de identificación entre uno y otro, atendiendo al tamaño de la (o las) comunidades incluidas en la circunscripción, su rol en la geografía nacional, su trascendencia en la distribución demográfica y su papel en la repartición del poder político en la nación” (párr. 9.10).

 

En síntesis, la democracia representativa exige una conexión auténtica entre los representantes y sus representados, a fin de que éstos realmente actúen en beneficio de las necesidades e intereses de las comunidades electoras. Para lograr este objetivo, tanto el constituyente como el legislador ha establecido requisitos de tiempo y arraigo que condicionan el ejercicio del derecho ciudadano de elegir y ser elegido consagrado en el artículo 22.1 de la Constitución. Esta sentencia, sin duda alguna, es una decisión importante y trascendental, pues procura asegurar la existencia de una representación sustantiva entre la demarcación y el sujeto elegido, entre la circunscripción electoral y su representante.

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<a href="https://acento.com.do/2019/promovido/8742499-el-tribunal-superior-electoral-y-la-democracia-representativa/#_ednref1" name="_edn1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(156, 5, 13); text-decoration-line: none;">[i]</a> Eduardo Jorge Prats y Roberto Medina Reyes: Director General y Gerente del Área de Regulación y Litigio Constitucional y Administrativo, respectivamente, de la firma Jorge Prats Abogados & Consultores, que representó a los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la demanda en nulidad incoada en contra de la inscripción de la precandidatura del señor Sammy Hernández Felipe a un cargo de elección popular por inobservar los requisitos exigidos por los artículos 79 y 82 de la Constitución.
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