ELECCIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS EN R.D. 15 DE MARZO
Publicado: 17/03/2020
<p>Misión de la OEA en República Dominicana reconoce el esfuerzo de la Junta Central Electoral en organización de elecciones e implementación de sus recomendaciones La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), encabezada por el expresidente de la República de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, saluda al pueblo dominicano por su perseverancia y compromiso con la democracia evidenciada en las elecciones municipales extraordinarias de ayer domingo en República Dominicana. La Misión, instalada en el país desde el 7 de febrero, reconoce los esfuerzos de las autoridades y funcionarios electorales por llevar a cabo estos comicios en un tiempo extremadamente corto, atendiendo en su gran mayoría las recomendaciones expresadas por la OEA. Celebra también el acompañamiento cercano de los partidos en todas las decisiones que hicieron posible estas elecciones. Asimismo, reitera su reconocimiento a los principales líderes políticos del país, por su llamado a la paz, al diálogo y al ejercicio del derecho al sufragio, en medio de un clima de alta tensión política y social. El rol de las distintas organizaciones de la sociedad civil también ha sido fundamental y representa un barómetro del dinamismo de la democracia dominicana. Las elecciones municipales se llevaron a cabo en un contexto sumamente complejo, tras la inédita suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, debido a fallas generalizadas de los equipos de voto automatizado. Teniendo en cuenta esas circunstancias y a solicitud de las autoridades, la Misión mantuvo su presencia en territorio dominicano de forma ininterrumpida desde su llegada a inicios del mes de febrero. A través de un equipo técnico especializado en organización y tecnología electoral, la MOE/OEA buscó contribuir con recomendaciones puntuales al buen desarrollo de las elecciones extraordinarias. Es importante aclarar que, a pedido de la Junta Central Electoral (JCE), un equipo técnico de la OEA se encuentra actualmente realizando una auditoría al sistema de cómputo empleado en las elecciones suspendidas, a fin de determinar las causas del fallo. El trabajo y los hallazgos de esa auditoría son independientes de la labor de esta Misión. Desde su llegada al país, la MOE/OEA realizó un análisis detallado de temas sustantivos, en particular en materia de organización electoral, tecnología electoral, financiamiento político, justicia electoral y participación política de las mujeres. A fin de recabar diversas perspectivas y conocer las preocupaciones de múltiples actores del proceso, la Misión se reunió con autoridades políticas, administrativas y jurisdiccionales, así como con candidatos presidenciales, candidatos a los gobiernos locales, representantes de los partidos políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, académicos y expertos, entre otros. Para las elecciones 2 extraordinarias del 15 de marzo, la Misión estuvo integrada por 36 observadores y especialistas de 16 nacionalidades.1 ANTECEDENTES Sobre la elección suspendida del 16 de febrero de 2020 Durante los días previos y la jornada del 16 de febrero, la Misión pudo constatar un ambiente tenso, con episodios aislados de violencia, varios heridos y la muerte de personas en diversos enfrentamientos. La MOE/OEA recibió noticias de problemas con los equipos de votación la noche anterior a las elecciones, ante la denuncia de fuerzas de oposición de que técnicos de la JCE habrían ingresado a los centros de votación a operar los equipos, sin presencia de los delegados de los partidos. Posteriormente, en reunión con la JCE, nuestros observadores fueron informados de la existencia de fallos en el software utilizado para emitir el sufragio. Durante las primeras horas de la jornada electoral, la Misión pudo constatar defectos en un alto porcentaje de los equipos instalados (en algunos de los centros de votación observados, hasta el 60% de los equipos presentaron problemas). Los monitores no mostraban la totalidad la oferta electoral. Sin embargo, esa no fue la única falla; también se registraron casos de congelamiento de pantalla, problemas con la impresión del voto, dificultades para ingresar el nombre de los delegados y se constató que el papel en que se imprimía el voto se desdoblaba en la urna, comprometiendo su secreto. Se observaron colegios en donde se procedió a recibir votantes a pesar de estos problemas, mientras que otros no llegaron a abrir. La capacidad del personal técnico de la JCE se vio rápidamente rebasada, ante la extensión de los fallos y la lentitud de la corrección, que involucraba decisiones centralizadas que aletargaron el proceso. Los observadores de la OEA desplegados en terreno constataron la imposibilidad de solucionar oportunamente las fallas detectadas y proceder a la votación. Ante las circunstancias, la Misión comprendió la decisión de la JCE de suspender la totalidad de las elecciones municipales. Al día siguiente, el órgano electoral determinó llamar a elecciones para el 15 de marzo. La Misión respaldó la determinación de implementar el voto manual en el 100% de los colegios electorales en las elecciones extraordinarias, así como en las presidenciales y congresuales. Sumado a estas medidas, la JCE solicitó a IFES (Fundación Internacional para Sistemas Electorales) que continuara asesorando a las áreas técnicas. Las horas y días posteriores a la suspensión de las elecciones fueron de importancia crítica para la estabilidad política de República Dominicana. La Misión reitera su reconocimiento a las principales 1 Para las suspendidas elecciones del 16 de febrero, la OEA desplegó una Misión compuesta por 25 observadores y especialistas de 12 nacionalidades. extraordinarias del 15 de marzo, la Misión estuvo integrada por 36 observadores y especialistas de 16 nacionalidades.1 ANTECEDENTES Sobre la elección suspendida del 16 de febrero de 2020 Durante los días previos y la jornada del 16 de febrero, la Misión pudo constatar un ambiente tenso, con episodios aislados de violencia, varios heridos y la muerte de personas en diversos enfrentamientos. La MOE/OEA recibió noticias de problemas con los equipos de votación la noche anterior a las elecciones, ante la denuncia de fuerzas de oposición de que técnicos de la JCE habrían ingresado a los centros de votación a operar los equipos, sin presencia de los delegados de los partidos. Posteriormente, en reunión con la JCE, nuestros observadores fueron informados de la existencia de fallos en el software utilizado para emitir el sufragio. Durante las primeras horas de la jornada electoral, la Misión pudo constatar defectos en un alto porcentaje de los equipos instalados (en algunos de los centros de votación observados, hasta el 60% de los equipos presentaron problemas). Los monitores no mostraban la totalidad la oferta electoral. Sin embargo, esa no fue la única falla; también se registraron casos de congelamiento de pantalla, problemas con la impresión del voto, dificultades para ingresar el nombre de los delegados y se constató que el papel en que se imprimía el voto se desdoblaba en la urna, comprometiendo su secreto. Se observaron colegios en donde se procedió a recibir votantes a pesar de estos problemas, mientras que otros no llegaron a abrir. La capacidad del personal técnico de la JCE se vio rápidamente rebasada, ante la extensión de los fallos y la lentitud de la corrección, que involucraba decisiones centralizadas que aletargaron el proceso. Los observadores de la OEA desplegados en terreno constataron la imposibilidad de solucionar oportunamente las fallas detectadas y proceder a la votación. Ante las circunstancias, la Misión comprendió la decisión de la JCE de suspender la totalidad de las elecciones municipales. Al día siguiente, el órgano electoral determinó llamar a elecciones para el 15 de marzo. La Misión respaldó la determinación de implementar el voto manual en el 100% de los colegios electorales en las elecciones extraordinarias, así como en las presidenciales y congresuales. Sumado a estas medidas, la JCE solicitó a IFES (Fundación Internacional para Sistemas Electorales) que continuara asesorando a las áreas técnicas. Las horas y días posteriores a la suspensión de las elecciones fueron de importancia crítica para la estabilidad política de República Dominicana. La Misión reitera su reconocimiento a las principales 1 Para las suspendidas elecciones del 16 de febrero, la OEA desplegó una Misión compuesta por 25 observadores y especialistas de 12 nacionalidades. 3 figuras políticas del país, que con justa causa expresaron molestia y solicitaron claridad sobre los hechos, pero a pesar de ello mantuvieron su compromiso con la paz y la estabilidad, insistiendo siempre en la efectiva emisión del sufragio como objetivo último de sus demandas. La JCE abrió espacios de intercambio y de toma de decisiones con los partidos políticos y la ciudadanía, atendiendo así una recomendación de la Misión de la OEA. Todo proceso electoral se fortalece en la transparencia, el diálogo y la inclusión. La MOE/OEA hace votos para que esa actitud trascienda el actual ciclo electoral y que la sociedad civil continúe adueñándose de un proceso democrático que le pertenece de pleno derecho. Periodo entre elecciones En este periodo, la Misión constató que el establecimiento de canales de comunicación productivos entre la autoridad electoral y los partidos políticos hizo que se alcanzaran acuerdos fundamentales para la realización de los comicios, como la impresión de nuevas boletas en distinto tamaño y color, y la reutilización de los escáneres empleados en las elecciones de 2016 para la transmisión de resultados. De la misma manera, la Misión saluda la creación y reactivación de otros espacios de diálogo político y social, felicitando especialmente la contribución de actores sin participación directa en la contienda electoral, incluyendo jóvenes manifestantes, dirigentes del sector empresarial y representantes de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil. La organización de unas elecciones no previstas, en menos de un mes y a dos meses de las elecciones presidenciales y congresuales, supuso un esfuerzo extraordinario por parte de las autoridades electorales. La Misión desea reconocer la resolución con que el personal de la JCE retomó el curso de sus funciones bajo una gran presión política y social. Destaca el ejercicio de (re)capacitación de los instructores, facilitadores y autoridades de los colegios electorales; la reimpresión y distribución del material electoral; el rescate y testeo del equipo tecnológico (escáneres) utilizados en las elecciones de 2016, entre otros. La adopción del voto manual en el 100% de los colegios electorales significó una reducción considerable de los elementos tecnológicos del proceso de votación. A pesar de ello, la Misión pudo corroborar una vez más la ausencia de adecuados protocolos de pruebas, control de calidad, verificación y auditorías orientadas a evaluar el funcionamiento del sistema tecnológico. Asimismo, nuevamente se observó la falta de documentación adecuada de los procesos, de forma que puedan ser analizados por las propias autoridades electorales y por terceros actores. El día previo a la elección, la Misión asistió a la instalación y prueba parcial de los escáneres en los recintos electorales, que transcurrió con normalidad. Uno de los desarrollos más importantes del periodo transcurrido entre las elecciones suspendidas y las extraordinarias fue el nombramiento de la Procuradora Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, con quien la Misión tuvo oportunidad de reunirse en el marco de estas elecciones. Esta designación había sido una solicitud reiterada de los partidos 4 políticos y de la sociedad civil, así como una recomendación de la OEA. La figura servirá para catalizar la articulación de las distintas instituciones involucradas en la persecución de los delitos electorales y será clave para contribuir a construir confianza de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. Para ello, la procuraduría especializada debe contar con todos los recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su función, así como independencia técnica y partidaria. Los días previos a los comicios del 15 de marzo se destacaron también por la disminución de los incidentes y hechos de violencia, comparados con los acaecidos previo a las elecciones suspendidas del 16 de febrero. JORNADA ELECTORAL El día de la elección, los observadores de la OEA recorrieron 99 centros de votación, visitando 435 colegios electorales en 20 provincias del país y el Distrito Nacional, desde su instalación hasta la transmisión de resultados. Aunque se registraron algunos retrasos, la Misión destaca el hecho de que abriera el 100% de las mesas. Los colegios electorales estuvieron integrados, en su mayoría, con miembros titulares y con un alto porcentaje de mujeres, que una vez más demostraron su compromiso con la vida política de su país. En general, la votación se condujo de forma ordenada y tranquila. En algunas mesas se reportó desconocimiento respecto a la indicación de que los electores debían marcar con su huella el padrón electoral. Se constató una alta presencia de delegados de los partidos políticos durante la jornada electoral, particularmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La Policía Militar Electoral estuvo presente en prácticamente la totalidad de los recintos de votación observados. En el transcurso del día, la MOE/OEA observó compra de votos y compra de cédulas, por parte de diversas fuerzas políticas y en distintas localidades. Esto ha sido un problema recurrente en las elecciones de República Dominicana, advertido por pasadas Misiones de Observación Electoral de la OEA. Por otro lado, se observó actividad proselitista desplegada tanto en las inmediaciones como en el interior de los recintos de votación, así como amplia presencia de “facilitadores de partido”, agentes partidarios que portan gafetes de gran tamaño, desplegando los colores y emblemas de sus agrupaciones políticas. Durante la jornada, la Misión recibió denuncias relacionadas a compra de cédula, incumplimiento de disposiciones de la JCE respecto al voto asistido e impedimento por parte de funcionarios de la Policía Militar Electoral para el ingreso de observadores de escrutinio. Las mismas serán trasladadas a las autoridades competentes. Las mesas de votación comenzaron a cerrar a las cinco de la tarde, tal como dispone la ley. El conteo de votos en las mesas observadas transcurrió con normalidad, aunque en algunos casos demoraron más de cinco horas en concluir, por las dificultades para contar el voto preferencial y para completar 5 correctamente las actas. Al respecto, se observó que al momento del conteo de votos los procedimientos no se implementaron de manera estandarizada en los colegios observados. A partir de las seis de la tarde se comenzaron a procesar las primeras actas, y luego de las ocho se dio inicio a la divulgación de los primeros resultados. La página web diseñada para la transmisión funcionó sin mayores inconvenientes hasta pasadas las 10 de la noche, luego de lo cual sufrió algunos problemas técnicos que impidieron seguir mostrando datos. A pesar de ello, los partidos políticos y los medios de comunicación siempre mantuvieron acceso a la información a través de canales dedicados internos, lo que permitió que la ciudadanía se mantuviera informada. Por último, cabe mencionar que al ser estas las primeras elecciones municipales no simultáneas con otros niveles de elección en los últimos años, la participación fue menor a anteriores procesos electorales en el país. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES Estas fueron las primeras elecciones municipales al amparo de la reforma electoral aprobada mediante Ley 15-19, Ley Orgánica de Régimen Electoral y Ley 33-18, Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La Misión saluda la voluntad de la sociedad dominicana de continuar perfeccionando su normativa electoral y reconoce como un aspecto positivo la incorporación, dentro de la nueva legislación, de varias recomendaciones emitidas en el marco de la cooperación técnica de la OEA y en anteriores informes de MOE/OEA en República Dominicana. No obstante lo anterior, este proceso puso en evidencia importantes vacíos legales y desafíos de interpretación y aplicación de las normas, que deberán ser atendidos en una revisión integral de la legislación, una vez culminado este ciclo electoral. A partir de un análisis detallado de la normativa vigente, teniendo en cuenta las investigaciones directas de técnicos y observadores de la MOE/OEA, así como la información recabada de distintos actores institucionales, políticos y sociales, la Misión presenta a continuación sus hallazgos y recomendaciones preliminares, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema electoral dominicano y especialmente de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2020. I. Organización electoral La MOE/OEA resalta dos aspectos principales de la organización electoral en República Dominicana, que en su opinión constituyen la principal fortaleza y la principal debilidad del sistema. En lo positivo, se destaca la experiencia del personal de la JCE y de las Juntas Electorales Municipales (JEM), un factor que facilita la búsqueda de soluciones a los problemas que surgen en la preparación y conducción del proceso. No obstante lo anterior, la Misión pudo observar que la experiencia individual del personal electoral contrasta con la falta de estandarización y documentación de los 6 procedimientos, de forma que el éxito de las elecciones depende en gran medida de la intervención de personas específicas y de su capacidad inventiva ante los desafíos. La Misión tomó nota de un alto grado de heterogeneidad en la calidad y funcionamiento de las JEM. Esta situación impacta de manera directa en el desarrollo óptimo de la elección. Por tanto, la Misión recomienda: − Estandarizar y documentar los procedimientos implementados en las distintas fases del proceso electoral. Esto incluye la armonización de procedimientos en el nivel nacional y municipal. − Preparar un cronograma electoral detallado con miras a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2020, para dar mayor claridad tanto a los actores políticos como a la ciudadanía. − Al integrar los colegios electorales, cruzar o cotejar la lista de posibles autoridades con los padrones de afiliados de los partidos políticos para garantizar el balance consagrado en el artículo 62 de la Ley 15-19. Aunque la Misión es consciente del alto grado de afiliación y militancia partidaria que caracteriza a la ciudadanía dominicana, considera que deben realizarse mayores esfuerzos por evitar que las autoridades de los colegios electorales sean percibidas como figuras asociadas a determinadas preferencias políticas. − Mantener y profundizar el diálogo entre las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil. II. Tecnología electoral La imposibilidad de celebrar las elecciones el 16 de febrero por los motivos ya conocidos, generó desconfianza en el área de informática de la JCE. Por esta razón se descartó la aplicación móvil para la transmisión de resultados, que había sido prevista para el voto manual en las elecciones de febrero. En acuerdo con los partidos, la JCE determinó la utilización de escáneres para la transmisión de las actas y su posterior digitación en las JEM para la consolidación de los resultados. Las pocas semanas con las que contó el órgano electoral para implementar esta solución tecnológica implicó un gran esfuerzo que no estuvo exento de dificultades. Al igual que en las elecciones de febrero, la Misión observó deficiencias en la realización de pruebas que garantizaran el correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos. Aunque las autoridades electorales realizaron algunas pruebas ad hoc, el comportamiento de los equipos el día de la elección puso en evidencia la insuficiencia de los chequeos realizados y la imperiosa necesidad de generar protocolos rigurosos, especialmente pruebas de funcionalidad integral o pruebas de estrés. 7 A pesar de la lentitud en el cómputo de resultados, la transmisión de las actas se pudo realizar con normalidad, paso fundamental para la transparencia de los comicios. Como se mencionó anteriormente, la página prevista para la divulgación de resultados tuvo fallas técnicas que impidieron que después de las 10 de la noche y hasta la mañana del lunes de forma intermitente se pudiera consultar los resultados en este portal. La ciudadanía se mantuvo informada a través de los medios de comunicación. Teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por la JCE para la implementación de soluciones tecnológicas y de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresuales de mayo, la Misión considera imprescindible que el órgano electoral perfeccione el sistema actual y que se asegure de su funcionalidad antes de emprender cualquier proyecto de otra naturaleza. Mejorar y fortalecer los procedimientos y elementos técnicos del sistema de transmisión y consolidación de resultados es indispensable para asegurar un flujo de información ágil y confiable que soporte la transmisión, el procesamiento y la divulgación de los resultados para los tres niveles de la elección de mayo. Por tanto, la Misión recomienda: − Construir un cronograma de trabajo del área informática de la JCE que incluya la totalidad de las actividades técnicas y tecnológicas, y se acople al de la Dirección de Elecciones. − Implementar un Sistema de Gestión de Incidentes. − Formalizar la estructura de desarrolladores y estandarizar la modalidad de desarrollo, a fin de garantizar la continuidad del proyecto ante eventualidades. − Implementar un mecanismo de versionado de software. − Implementar un mecanismo de documentación de adecuaciones, modificaciones y correcciones que se integre al mecanismo de versionado de software. − Implementar un mecanismo formal de pruebas de código fuente (testing de caja blanca) y de funcionalidad de software. − Implementar un mecanismo de congelamiento de software, previo a su puesta en producción, clonado y/o inseminación. − Efectuar una readecuación funcional en el hardware de los escáneres en el 100% de la cantidad prevista a ser utilizada. − Implementar un mecanismo de control de calidad y funcionamiento sobre el 100% de los componentes que integran la maleta tecnológica que se empleará en los recintos electorales. 8 − Implementar un sistema de inventario de los componentes que conforman la maleta tecnológica, cuya identificación por diversos factores (MAC ADDRESS, IMEI) permita conocer en cuál maleta se encuentran, y de ese modo poder identificar los componentes que tuvieran falla. − Llevar a cabo un simulacro del 100% de las funcionalidades dispuestas para las próximas elecciones, con todas las JEM, y al menos el 80% de los recintos, con una carga de trabajo del 100% de los colegios electorales. Esta acción debe ser realizada al menos 15 días previos a las elecciones, con la finalidad de poder llevar a cabo las adecuaciones que correspondan. − La página prevista por la JCE para divulgación de resultados debe ser optimizada y retroalimentada con los datos del simulacro. − Los paneles de consulta previstos para la divulgación de resultados se deberán construir previo a la confección de cubos de datos (data warehouse) y contar con la retroalimentación del simulacro. − Generar los pruebas simulando el escenario de la elección. − Fortalecer los recursos humanos del área de informática. III. Participación política de las mujeres La Misión saluda el avance de la legislación dominicana hacia la promoción de la igualdad de género protegida en la Constitución2 . En particular, celebra el aumento de la cuota de género (previamente establecida en 33%) a un rango, con un mínimo de 40% y un máximo de 60% de personas de un mismo género en las listas plurinominales de cargos de elección popular3 . Asimismo, la MOE/OEA tomó nota de valiosas iniciativas de promoción del liderazgo político de las mujeres, como la plataforma “Conoce a tu Candidata”4 y el desarrollo de una campaña de capacitación con perspectiva de género, destinada especialmente a mujeres de municipios y de distritos municipales en zonas rurales, a fin de ponerles en conocimiento de la nueva legislación electoral. Durante la etapa de inscripción de las candidaturas a este proceso, se generó un conflicto de interpretación del alcance de la cuota de género, en razón de que la Ley 33-18 se refiere a cuotas 2 Artículo 39 incisos 4) y 5) de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. 3 Ya la Ley 13-00 disponía que para los cargos ejecutivos municipales debían contemplarse fórmulas mixtas en función del género. 4 Plataforma impulsada conjuntamente por la JCE, el Ministerio de la Mujer, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), ONU Mujeres y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 9 por “demarcación electoral”5 , mientras la Ley 15-19 habla de la “propuesta nacional”6 , abriendo un espacio para que los partidos colocaran a sus candidatas allí donde tuvieran menores posibilidades de resultar electas. Luego de un litigio ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional, prevaleció el criterio que garantiza mayor equidad, a saber, la aplicación de la cuota en la demarcación electoral. Paralelo a este proceso, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) atendió una demanda en contra del cálculo de aplicación de la cuota emitido por la JCE en Resolución 28-19, que finalmente debió modificarse. Todo lo anterior demuestra que el avance alcanzado con la elevación de la cuota se vio minado por un largo proceso de judicialización e incertidumbre derivado de la interpretación de la legislación, situación que perjudicó desproporcionadamente a las candidatas mujeres. Es claro que la participación política de las mujeres en República Dominicana aún enfrenta importantes desafíos. Los partidos políticos realizan una interpretación minimalista de la cuota legal, ilustrado por el hecho de que los hombres encabezaron el 85% de las candidaturas a cargos ejecutivos en estas elecciones municipales, mientras las mujeres ocuparon el correspondiente 85% de candidaturas a vicealcaldías y subdirecciones municipales. En aras de continuar consolidando la equidad de género y contribuir a los objetivos que en esta materia se ha propuesto la República Dominicana, se recomienda: − Que todas las dependencias administrativas y judiciales implementen plenamente las resoluciones relativas a la aplicación de la cuota en su interpretación más favorable a la equidad, garantizando el máximo de certeza jurídica de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del mes de mayo. − Mejorar la tabulación de información y disponibilidad de estadísticas desagregadas por género, de forma que se otorgue visibilidad a la participación política de las mujeres y se pueda corroborar el avance en la materia. Asimismo, mantener cifras actualizadas sobre la permanencia de las mujeres en los cargos en que resultaron electas, para evitar que los partidos promuevan las candidaturas de mujeres bajo compromiso de que renuncien una vez pasada la elección. IV. Financiamiento político La Misión reconoce la adopción de nueva normativa orientada a regular el financiamiento político, incluyendo límites al gasto en campaña y a las contribuciones individuales, fuentes permitidas de 5 Artículo 53 Párrafos I y II de la Ley 33-18 Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos del 15 de agosto de 2018. 6 Artículo 136 de la Ley 15-19 Ley Orgánica de Régimen Electoral del 18 de febrero de 2019. 10 ingresos, procesos de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos, incorporación de sanciones relativas al financiamiento, entre otros. No obstante, los expertos en financiamiento político pudieron corroborar que muchas de las disposiciones previstas en la legislación no han sido implementadas en la práctica y que, en algunos casos, las autoridades carecen de los recursos económicos y humanos para efectivamente ejercer las competencias de control que la nueva legislación les asigna. Fue notorio el incumplimiento en la presentación de presupuestos por parte de las fuerzas políticas en la plataforma habilitada para esos efectos por la JEC, así como la falta de información contable que reflejara fielmente ingresos y egresos de los partidos. Tampoco se cumplió con el registro de contribuyentes previsto en la normativa, ni se dispuso de la información necesaria para verificar el acatamiento de los topes máximos de gastos de campaña y contribuciones individuales. Esta falta de información hace imposible la adecuada supervisión por parte de la JCE, pero también la fiscalización cruzada por parte de los actores políticos y el control social que puede ejercer la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Desde su instalación, la Misión comprobó el inicio anticipado de la campaña presidencial en contravención a las disposiciones previstas en la normativa, así como múltiples ejemplos de publicidad durante la veda electoral y la permanencia de afiches en lugares públicos desde las primarias. La Misión recibió también distintas denuncias de uso de recursos públicos con fines electorales. Aunque existieron instancias en que la JCE solicitó el retiro de publicidad que contravenía la legislación, no se tiene conocimiento de que se haya procedido a sancionar a los actores involucrados. En este sentido, la MOE/OEA recomienda: − Que de forma inmediata, y de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2020, se otorguen recursos suficientes a la Unidad Especializada de Control Financiero bajo la Dirección de Finanzas de la JCE, dotándola del capital humano y el respaldo político necesarios para la adecuada supervisión y fiscalización de los gastos de campaña, la detección y sanción del uso de fuentes ilícitas de financiamiento, el acceso equitativo a medios de comunicación, entre otros. Lo anterior incluye emitir, a la mayor brevedad posible, cualquier reglamentación que aún se encuentre pendiente para la aplicación de la nueva normativa. − Que se exija a los candidatos, candidatas y partidos políticos que utilicen la plataforma de Fiscalización de Candidatos habilitada por la JCE. − Que la autoridad electoral facilite el acceso público a los presupuestos de campaña y los presupuestos generales anuales de las organizaciones políticas, de forma que la ciudadanía y las 11 fuerzas políticas puedan contribuir a verificar el cumplimiento de la normativa. Esta información es fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado. V. Justicia electoral La Misión ha sido testigo del proceso de reforma continua que ha emprendido República Dominicana para fortalecer su sistema de justicia electoral que, sin embargo, aún presenta algunos retos. El papel que la Constitución le otorga al TSE como máxima autoridad de lo contenciosoelectoral se ha visto disminuido en épocas recientes, por vía de una interpretación en exceso restrictiva de sus competencias legalmente establecidas. En este sentido, el Tribunal Constitucional reiteradamente ha fallado sosteniendo que la revisión de los actos administrativos de la JCE le compete al Tribunal Superior Administrativo (TSA), desconociendo el hecho de que los actos de la JCE son formalmente administrativos pero materialmente electorales, lo que ha ocasionado que el TSA hoy se pronuncie sobre cuestiones como la ubicación de los partidos políticos en la boleta. Esta fragmentación de competencias abona a la incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta garantizar una justicia oportuna, toda vez que la jurisdicción contencioso-administrativa no está prevista para operar dentro del calendario electoral. Cabe resaltar que las JEM operan como tribunal de primera instancia para los procesos contenciosoelectorales7 . La Misión tomó nota de que gran parte del caudal contencioso del TSE obedece a apelaciones e impugnaciones de decisiones adoptadas a nivel local que demuestran, en muchos casos, falta de conocimiento técnico de las JEM en temas judiciales. En cuanto al sistema penal electoral, en la reciente reforma se incorporó a la legislación dominicana un catálogo de delitos electorales, que vino de la mano de la creación de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales8 . La Misión saluda estos avances que dotan al sistema dominicano de mayores instrumentos para garantizar el respeto a la voluntad popular, especialmente frente a una percepción por parte distintos actores políticos y sociales en el sentido de que existe un clima de impunidad por ilícitos electorales. La MOE/OEA recomienda: 7 Artículo 46 Sección 2 de la Ley 15-19 Ley Orgánica de Régimen Electoral del 18 de febrero de 2019 y artículos 13, 15, 17, 26 y 27 de la Ley 29-11 Ley Orgánica del TSE del 20 de enero de 2011. 8 Artículo 289 de la Ley 15-19 Ley Orgánica de Régimen Electoral del 18 de febrero de 2019. 12 − Proveer a las JEM de mayores capacidades técnicas en la resolución de asuntos contenciosos, lo que aliviaría la carga de trabajo del TSE y le permitiría enfocarse en los temas de mayor impacto en el proceso electoral. − Que por la vía de la reforma legislativa o la interpretación constitucional, se establezca la competencia única del TSE para conocer los conflictos que atañen al proceso electoral. Vale mencionar que la MOE/OEA de 2016 ya señaló en su informe la importancia de que se le otorgara al TSE la potestad jurídica y material de revisar la regularidad legal y constitucional de todos los actos administrativos que en materia electoral emita cualquier autoridad. − Poner a disposición de las partes y del público en general información actualizada del estatus en que se encuentran las denuncias, demandas y petitorias presentadas ante las autoridades administrativas y judiciales, de forma que se pueda corroborar el avance de las diligencias en el cauce institucional, con fecha de recepción, asignación a despacho, resolución y notificación. Asimismo, mejorar los motores de búsqueda, los acervos y los repositorios de resoluciones de los órganos electorales, con el objetivo de facilitar el acceso a la información. − Proveer al sistema de persecución y sanción de los crímenes electorales de todas las garantías propias de la justicia penal, incluyendo el derecho a la doble instancia. − Fortalecer las capacidades técnicas, materiales y logísticas del TSE para que pueda desempeñar sus funciones como tribunal penal electoral, sin que ello menoscabe su jurisdicción en los asuntos contencioso-electorales no punitivos. − Robustecer y afianzar la emergente labor de la Procuraduría Especializada de manera que pueda responder de manera eficiente a la tarea que la ley le manda. − Cultivar una sana cultura de denuncia a través de los canales institucionales, lo que conlleva la responsabilidad de las autoridades de darles curso según su mérito. CONSIDERACIONES FINALES Las elecciones municipales de 2020 marcaron un hito para la institucionalidad electoral dominicana y para su relación con las organizaciones políticas y la sociedad civil. La Misión considera que las lecciones aprendidas en este desafiante proceso pueden sentar las bases para la exitosa organización y conducción de las elecciones presidenciales y congresuales, cuyos preparativos ya se encuentran en marcha. Agradecimientos 13 La MOE/OEA agradece a la Junta Central Electoral el acceso a las diversas instancias y actividades de preparación de los comicios, así como la apertura ante sugerencias brindadas por la Misión en el marco de todo este proceso. Hacemos extensivo este agradecimiento al Tribunal Superior Electoral por la información y colaboración proporcionada. La MOE reconoce también a las diversas instituciones del Estado, autoridades de gobierno, partidos políticos, actores sociales, académicos y empresariales, así como a la fuerza pública, cuya colaboración fue fundamental para las actividades de la Misión. Finalmente, la MOE/OEA agradece las contribuciones de Alemania, Bolivia, Canadá, Chile, Corea, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Países Bajos y Panamá, cuyos aportes financieros permitieron el despliegue y la permanencia continua de la Misión desde el 7 de febrero pasado. </p>