Contrataciones Públicas investiga el caso Kimberly
A la ministra de la Juventud se le suspendieron los registros de proveedores del Estado de sus dos empresas
Publicado: 14/10/2020
<p>Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.</p>
<p>La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.</p>
<p><img alt="" src="https://i2.wp.com/fotuto.net/wp-content/uploads/2020/10/kimberly.jpg?resize=708%2C368" style="float:left; margin:0px; width:508px" />La superintendente de Seguros Josefa Castillo, al centro, vinculada a acciones supuestamente irregulares de las que se acusa a la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras y su esposo Omar García Castillo. El esposo de Taveras es hijo de Josefa Castillo</p>
<p>La institución informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria, investigación periodística” y que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras, conforme a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.</p>
<p><img alt="" src="https://i0.wp.com/fotuto.net/wp-content/uploads/2020/10/milagrooo.jpg?resize=491%2C262" style="height:auto; margin:0px; width:491px" />Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética de la Presidencia, quien instó a que en el caso Kimberly «no se repita el pasado» de corrupción que atribuye al gobierno que presidió Danilo Medina</p>
<p>El órgano rector reiteró a los servidores públicos que el artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante la circular DGCP-07-2020, emitida el pasado 26 de agosto, otorgó un plazo de 30 días calendarios, a partir de su emisión, para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su RPE para dar cumplimiento a la normativa vigente.</p>
<p>«La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones», subrayó el director de la DGCP, Carlos Pimentel.</p>
<p>La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.</p>