La Policía Nacional: en las sombras del negocio

¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo,

Publicado: 03/04/2021

La Policía Nacional: en las sombras del negocio

¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.

¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.¿Acaso nos hemos preguntado por qué los exjefes policiales tienen villas en Casa de Campo, fincas, carros de lujo, empresas de seguridad privada y grandes inversiones financieras e inmobiliarias? La respuesta luce obvia, sin embargo la realidad revela las formas más oscuras de hacer fortuna.

La principal fuente de enriquecimiento de la oficialidad policial ha sido la gestión discrecional de las contrataciones y compras de la institución a través de las clásicas comisiones de reverso, que rondan entre el diez y el veinte por ciento, por eso el interés de todo oficial es ocupar un despacho con presupuesto, llegando, en algunas jefaturas, a ser “vendido” al mejor oferente o atribuido a subordinados de confianza que cierren el círculo de complicidad. Los precios de esas posiciones varían: cinco, diez y hasta veinte millones de pesos.

Este es el negocio “interno” que ha fomentado la creación de liderazgos “oficiosos” alrededor de los cuales penden muchos intereses subordinados, por eso la lealtad, más personal que institucional, es retribuida cuando el líder llega a la dirección de la mano de algún candidato político. El “jefe” se instala con su “gente”, creando un anillo impenetrable de incondicionales, que, según el apetito o el tiempo en el puesto, puede marcar la diferencia entre ese momento y el resto de la vida. Oficiales consultados aseguran que en un año un director de la Policía Nacional puede ganar entre 500 y 1,200 millones de pesos “limpiamente” según las circunstancias. Este modelo de concentración de “las oportunidades materiales del cargo” es tan viejo como excluyente y de él se beneficia un segmento muy reducido, al tiempo de crear hostilidades entre la alta oficialidad y, lo peor, las consabidas tramas para provocar el “salto del puesto”.

Las políticas en los ascensos y retiros en la Policía han ido muy de la mano con esta dinámica de intereses. Por eso la única forma de relevo es la alternabilidad en la dirección policial porque les abre la posibilidad de ocupar posiciones a los que esperan bajo la sombra de altos oficiales con conexiones políticas. De ahí que, entre más alternancia, más movilidad. Así, los jefes menos queridos son los que más duran, sobre todo cuando su círculo de adherencia es muy estrecho.

Ante la exclusión de las oportunidades internas, emerge entonces una forma más bondadosa de rotación económica: la criminalidad. Esta compite con la corrupción tradicional. Se trata de la participación en el negocio del crimen a través de las más variadas expresiones operativas: mediante la complicidad por extorsión: como el cobro de peaje en los reconocidos puntos de droga; la complicidad por omisión: como hacerse de la “vista gorda” frente a la actividad delictiva; la complicidad por facilitación: como la anticipación de avisos de allanamientos y redadas. Otras veces, la participación en el crimen es directa, dentro de su propia estructura operativa o facilitando medios para su ejecución. Por eso no es casual que en cada atraco o asesinato por encargo se cuente al menos un policía. Esta es la denominada “corrupción policial”, de amplia base y sobre la cual los centros de mando han visto perder control por los rápidos contagios de los focos del crimen dentro de la Policía Nacional. Un exoficial policial de identidad reservada asegura que en los tres comandos más importantes del país se han perdido desde hace más de veinte años las líneas de subordinación por la creación de núcleos oficiosos de lealtad con centros organizados de criminalidad.

Estamos entonces ante dos sistemas de enriquecimiento que se porfían dentro de la institución: uno tradicional, ya legitimado, basado en la corrupción de los recursos públicos y del que se beneficia una élite; y el otro, arrebatado a la propia actividad delictiva. Esta última forma es la que atrapa el morbo mediático y arranca los discursos de intolerancia de la jefatura de turno. Al final, igual podredumbre. La coexistencia de estas fuentes agrieta la cohesión de la institución, crea bloques de lealtades rivales y subvierte el mérito de la carrera.

Pero existe otra dimensión del problema: la extorsión pública a través de operativos “preventivos” de chequeo y redadas indiscriminadas. Un exgeneral retirado nos dice que estas operaciones movilizan grandes sumas de dinero cuyo reparto se realiza según los criterios más diversos. Así, en un comando importante pueden recolectarse hasta 30 millones de pesos semanales. Esto, sin considerar los recaudos en bares, clubes nocturnos, discotecas, centros cerveceros, moteles y colmadones para garantizar “su seguridad”; estas exacciones constituyen prestaciones fijas.

Frente a ese cuadro distópico sobrevive el policía ordinario, excluido de los centros de negocios, ese que gana menos que un mensajero de un banco y que se acomoda a su jornal sin quejas ni resabios. Su servicio no tiene hora, reparos ni circunstancias. A ese policía (chofer, mensajero, jardinero, conserje, recepcionista, sirviente, proxeneta y confidente), analfabeto por definición, se le demanda un comportamiento escandinavo cuando a duras penas ha podido rebasar las marañas de los suburbios para aceptar, más por subsistencia que por vocación, un oficio socialmente despreciado. Ese mismo policía, parido y criado en los nichos de la delincuencia, es el que, por deber, la tiene que combatir sin excesos y según los estándares del primer mundo.

Los esquemas de generación y concentración de riqueza son y serán defendidos a capa y espada por los jefes policiales. Por eso, mientras en otros países la mayoría de los cuerpos policiales están sindicalizados y sus miembros hacen frecuentemente paros y huelgas, en el nuestro, cualquier expresión de intolerancia a esas condiciones de vida y trabajo se asume como una insubordinación.

No debemos esperar milagros; hay que contar con esa policía: la que hoy nos avergüenza o atemoriza, la que precariamente nos protege, y la que ha convertido su trabajo en una callada proeza de vida. Mientras tanto, ayudemos a esa policía a expresarse y a exigir lo que la insensibilidad política y la oficialidad privilegiada le han negado.