PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO ASUMIR DEFENSA DE COMUNIDADES AFECTADAS POR BARCAZAS

PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO ASUMIR DEFENSA DE COMUNIDADES AFECTADAS POR BARCAZAS DE SEABOARD

Publicado: 04/08/2022

SANTO DOMINGO.- Una coalición de organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, asumir la defensa de las comunidades afectadas por la contaminación de las barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard que están ubicadas en el río Ozama, ya que las mismas afectan la salud de sus moradores y el medio ambiente, por lo que constituyen una violación a sus derechos fundamentales y deben ser trasladadas de inmediato.

“Hacemos esta solicitud al Defensor del Pueblo en su calidad de autoridad independiente y defensor de los derechos humanos y los intereses colectivos y difusos, conforme lo dispone el artículo 190 de la Constitución, así como el 191 sobre sus competencias y funciones. No solo es por este  mandato constitucional que  tiene la autoridad para asumir la defensa de las comunidades violadas en sus derechos fundamentales, sino que es un deber moral y ciudadano ayudarnos a resolver este problema de violación de los derechos fundamentales de esas comunidades y en ese tenor, pedimos al Defensor del Pueblo asumir la defensa de esas comunidades y exigir el traslado inmediato de esas barcazas que están en el río Ozama, para garantizar los derechos a la salud y a un ambiente sano de las comunidades afectadas”, expusieron.

Las organizaciones manifestaron que hacen esta petición en virtud del alto riesgo al que están sometidas las familias de todos estos sectores, moradores de los barrios cercanos a las plantas de Seaboard, tales como: Calero, Ciudad Colonial, Villa Francisca, Timbeque, La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, entre otros, por los graves daños a la salud que provocan las barcazas debido a la contaminación que emiten sus generadores eléctricos ubicados de manera ilegal.

Las instituciones que hicieron la solicitud fueron el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Central de Trabajadores Unidos (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA, manifestó que de manera concreta hacían tres peticiones formales al Defensor del Pueblo: 1) Asumir la defensa de las comunidades afectadas y del medio ambiente 2) Acompañar y ser veedor y parte fundamental en la comisión multidisciplinaria que va ha anunciado el Ministerio de Salud Pública que creará para investigar los impactos de estas plantas generadoras a la salud y 3) Que solicite al Ministerio de Medio Ambiente realizar una auditoría sobre el proceso de permisología mediante el cual se le entregaron licencias y permisos al margen de la ley y el reglamento a Seaboard, “y que nos mantengan informados de todo esto”.

De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que ese órgano constitucional evaluará la documentación depositada por las diversas organizaciones y designará el segundo adjunto, Darío Nin, para que encabece de parte de la institución todo lo relativo a la parte técnica. “Y la Secretaría General, a su vez designará técnicos peritos para que puedan acompañar el proceso mismo y en ese sentido lo que va a terminar haciendo el Defensor del Pueblo es dando un acompañamiento bajo los tres puntos que usted está planteando acá”.

Ulloa precisó que todo se hará preservando el principio de la neutralidad consagrado en el artículo 1 de la Ley 19-01 que es la base de cualquier proceso del Defensor del Pueblo.

Las ONG´s informaron al Defensor del Pueblo de todos los pasos previos que han dado, incluyendo que esas mismas organizaciones solicitaron a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, continuar con las investigaciones sobre la denuncia depositada en favor de la vida y la salud de los moradores apostados alrededor de las barcazas de Seaboard, así como por el daño ambiental que producen.

También, que esta coalición de instituciones de la sociedad civil depositó un documento ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a los fines de dar apertura a una investigación-estudio sobre la afectación a la salud y los daños provocados por estas barcazas, a lo que el ministro respondió que conformará un equipo multidisciplinario para dar curso a esa solicitud.

Además, depositaron ante este ministerio, un estudio elaborado por el científico Rye  Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de las dos barcazas amenazan gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente. Refería que todos los contaminantes que emanan de las plantas ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedades y muerte.

Así mismo, las instituciones citadas solicitaron ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que examine el expediente completo de las barcazas de Seaboard para que determine las irregularidades, toda vez que son violatorias a la ley 64-00 y que en consecuencia remueva dichas barcazas con sus generadores para otro lugar.

De igual manera, depositaron el citado estudio de los daños que producen esas barcazas al ambiente y a la salud de los moradores de la zona al Colegio Médico Dominicano y su presidente, Senén Caba, se comprometió a acompañar a las comunidades en su reclamo por un medio ambiente sano y su derecho fundamental a la salud.

Otra institución a la que también le solicitaron unirse a esa investigación fue a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la cual acogió positivamente la petición.

Informaron que, además, el PACMA depositó en el Tribunal Superior Administrativo, una solicitud de medida cautelar, procurando sea revocada la resolución 0022-2021, la cual autoriza, modifica una licencia ambiental, viola el reglamento de permisos y licencias y la Ley 64-00 y permite que se potencie la violación a los derechos fundamentales de los moradores que viven alrededor de las plantas de SEABOARD.