Sentencia del juzgado exige restaurar ríos y compensar a afectados de la comunidad.
Publicado: 10/10/2024
<h2><strong>Sentencia del juzgado exige restaurar ríos y compensar a afectados de la comunidad.</strong></h2>
<p><strong>Moca, Espaillat.- El juzgado de primera instancia del distrito judicial de esta provincia condenó al empresario Avelino Sarante y a su empresa, Endy Agroindustrial, S.R.L., por contaminación ambiental durante 40 años de una zona de esta demarcación.</strong></p>
<p>La condena ha sido de un año de prisión suspendida, a una multa de 25 millones de pesos y a indemnizar a los 19 querellantes por los daños morales ocasionados. </p>
<p>Esta decisión busca la restauración del río Licey y el arroyo Canca, según informó el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).</p>
<p>La condena, emitida, el pasado viernes 4 de octubre, no solo se limita a la multa, sino que también ordena la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos industriales y domésticos. Este proceso estará bajo la supervisión de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.</p>
<p><strong>La condena ha sido de un año de prisión suspendida, a una multa de 25 millones de pesos y a indemnizar a los 19 querellantes por los daños morales ocasionados. </strong></p>
<p>Además, el tribunal condenó a Sarante y su empresa a indemnizar a los 19 querellantes de la comunidad con 50,000 pesos cada uno por los daños morales ocasionados. </p>
<p>INSAPROMA calificó esta sentencia como un precedente importante que deberá motivar a otros empresarios e inversionistas a respetar la ley ambiental y evitar la contaminación de recursos naturales.</p>
<p>La jueza Esther Nazareth Puntiel Jiménez, quien presidió el caso, programó para el 28 de octubre la lectura del texto íntegro de la sentencia. </p>
<p>Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA, valoró positivamente la decisión de la jueza y el trabajo de la procuradora ambiental de Espaillat, Milagros García Grullón, así como del equipo legal de INSAPROMA que participó en el proceso.</p>