Organización considera "paupérrima" las políticas para enfrentar feminicidios en RD
El Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) cuestiona la incapacidad de las autoridades para enfrentar el aumento de los feminicidios desde sus raíces.
Publicado: 26/09/2014
<p><strong>Santo Domingo,</strong></p>
<p>El Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) cuestiona la incapacidad de las autoridades para enfrentar el aumento de los feminicidios desde sus raíces. “Los alcances de la política pública siguen centrados en administración de justicia, obviamente sobre casos denunciados, que de seguro son los menos frente a la realidad de la violencia en todas sus dimensiones (violencia física, violencia sexual, sicológica, emocional y patrimonial)”, refiere Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-INTEC. <br />
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Al CEG-INTEC le llama la atención que los datos del primer semestre 2014 casi dupliquen los del 2013, -27 casos de enero a junio 2013, frente a 45 del mismo período en el 2014-. Al mismo tiempo deplora que las cifras oficiales centran su atención en aquellos asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o exparejas, obviando las muertes de mujeres por su condición de tal, como se define el concepto de feminicidio, <br />
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Contreras califica como paupérrima la articulación entre las instancias con responsabilidades en el sistema de atención, que además de la justicia tiene su centro en el ámbito de la educación y de la salud, “y lamentablemente ambas estructuras están prácticamente ausentes de ese sistema, visto como tal, en toda la complejidad de un proceso de interconexión entre prevención-denuncia-atención y referimiento”. <br />
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Para este Centro de Estudios de Género del INTEC, una propuesta superadora de esa desarticulación es el proyecto de ley que se cursa en el Congreso Nacional, para la creación de un sistema integral de atención a la violencia contra las mujeres. Aquí se otorga funciones específicas a los ministerios de la Mujer, Salud, Educación y al Ministerio Público. <br />
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El aumento de los feminicidios no solo genera preocupación en los grupos de mujeres y la población, también los medios de comunicación lanzan su voz de alerta y cuestionan la evidente incompetencia de las autoridades en la prevención de la violencia de género. Y no es para menos. <br />
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Desde algunos medios se divulga que el incremento de la tasa de feminicidios confirma el fracasado del país en la prevención de un crimen, que tiene cifras récord en la región. También se destacan fallas en el sistema de protección de las mujeres en riesgo, fallas causantes en gran medida del aumento de la violencia contra las mujeres. <br />
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El CEG-INTEC hace referencia al estudio que realizó recientemente la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), donde reseñan los casos registrados y se señala que República Dominicana ocupa el tercer puesto de los países de Latinoamérica con mayor número de feminicidios. <br />
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En ese documento se sugiere que aquí se debería replicar algunos de los planes ejecutados por Perú, Chile y El Salvador “que resultaron efectivos para disminuir las cifras de fallecimientos de mujeres a manos de parejas o exparejas”. “Esos países han fomentado la alerta temprana, la formación de la Policía y el Ministerio Público en materia de género y violencia, la existencia de atención especializada que asegura la protección para las potenciales víctimas del feminicidio y las campañas nacionales de educación”. Indica.<br />
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Desde el CEG saludamos la preocupación de investigadores e investigadoras en temas que trabajen las relaciones de género, porque pueden evidenciar interés de la sociedad dominicana en descubrir las manifestaciones y características de las desiguales relaciones entre mujeres y hombres, más aun cuando esas expresiones son lesivas a la vida y la salud de las mujeres. <br />
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Pero la investigación centrada en un examen comparativo del número de feminicidios perpetrados en el primer semestre del pasado y presente año, debería hurgar sobre la fuente primaria informativa en que se sostiene el estudio, considerando que ya desde el pasado año se hicieron fuertes cuestionamientos sobre los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República</p>