LF cree imposible RD acate fallo; pide "rediseñar" CIDH y CorteIDH

El expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, consideró imposible que su país pueda acatar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que le ordena otorgar la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano.

Publicado: 14/11/2014

LF cree imposible RD acate fallo; pide "rediseñar" CIDH y CorteIDH

WASHINGTON, DC,

El expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, consideró imposible que su país pueda acatar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que le ordena otorgar la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano. 
 
  “Eso que ordena la Corte sería posible aquí en los Estados Unidos, donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho, norteamericano. Lo mismo ocurriría en Canadá, o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe, que admiten el sistema del jus solis incondicional”, sostuvo Fernández. 
 
“No ocurriría lo mismo, sin embargo, en la República Dominicana, donde no existe el jus solis automático, y por consiguiente, no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio”, puntualizó el exmandatario dominicano. 
 
Fernández, quien además es presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), fijó su posición al respecto en el marco de una conferencia que dictó en la sede de la OEA,  invitado por la Cátedra de las Américas, iniciativa de dicho organismo hemisférico. Habló sobre el tema "La OEA, Democracia y Derechos Humanos". 
 
El fallo de la CIDH ordena a la República Dominicana “adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de República Dominicana”. 
 
“La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema, constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país”, indicó Fernández, quien ha sido presidente en tres ocasiones. 
 
El líder político destacó que en su sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la República Dominicana no está sola, y citó un informe del Centro de Estudios de Migración, de los Estados Unidos, el cual señala que de los 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, solo 30 admiten el sistema de jus solis sin ninguna condición, “lo que quiere decir que 164, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios”. 
 
Según Fernández, a nivel mundial la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática, debido principalmente al volumen de la inmigración, que ha hecho insostenible para algunos Estados continuar con el jus solis incondicional. 
 
“Por lo tanto, podemos ver que existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el Derecho Internacional, y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis, esto es, por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado”, indicó Fernández. 
 
  “Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana, en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad; segundo, la Convención de la Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de la nacionalidad; tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana; cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia; y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra Ley Sustantiva”, sostuvo el exjefe de Estado dominicano. 
 
Otro aspecto 
 
En otro aspecto del mismo tema, Fernández afirmó que desde su creación, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha tenido importantes aciertos, siendo uno de ellos la creación de un mecanismo de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. 
 
Refirió, sin embargo, que hace tan solo unos días tuvo lugar aquí en Washington un evento organizado por el Inter American Dialogue, bajo el título de “Reforma al Sistema de Derechos Humanos: Desafíos y Posibilidades”, en el que un grupo de expertos de la Universidad de Notre Dame, advirtió sobre la situación de crisis en la que se encuentra el sistema interamericano de derechos humanos. 
 
Según informó el expresidente dominicano, los expertos, entre los que se encontraban los profesores Paolo Carozza y Doug Cassel, también advirtieron sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma integral del sistema, a la vez que consideraron idóneo el momento para discutir a profundidad los posibles cambios. 
 
Fernández afirmó que uno de esos desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el relativo a la participación de los Estados dentro de sus mecanismos institucionales, tras señalar que de los 35 Estados que conforman la OEA, 13 no han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
"El hecho de que aproximadamente un tercio de los Estados miembros de la OEA no haya suscrito ni ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos afecta el alcance y la eficacia del sistema en la región”, indicó. 
 
Sostuvo que en cuanto a la ejecución de las decisiones de los órganos del sistema, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena modificaciones del derecho interno, la tasa de cumplimiento alcanza únicamente el 20% de los casos. 
 
De igual manera, recordó que durante las últimas décadas, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela han suspendido el pago de las cuotas a la organización, han retirado sus embajadores temporalmente y han amenazado con retirarse, o de hecho se han retirado del sistema interamericano.