La Reforma del Congreso Nacional

El Poder Legislativo del país, primer poder del Estado, depositario directo de soberanía popular, requiere de una reforma profunda.

Publicado: 13/12/2016

Fidelio Despradel, Diputado Nacional de Alianza País, dio un ejemplo de dignidad, propia de un militante revolucionario que proviene de “la generación política llamada Manolo”.

En comunicación que remitiera a la Presidenta de la cámara baja renuncia “a las dos exoneraciones de importación de vehículos que le otorga la Cámara de Diputados y a cualquier otro beneficio monetario o en especie contrario a las actividades de sus funciones legislativas.” Asimismo, le participa que no pretende utilizar ningún tipo de recurso para asistencia social o eventos ajenos a las tareas propias de legislar, porque “estos privilegios, además del alto costo que representan para el pueblo dominicano, vulneran la Constitución de la República, ya que la misma establece que los legisladores están para legislar y fiscalizar”.

El Poder Legislativo del país, primer poder del Estado, depositario directo de soberanía popular, requiere de una reforma profunda.

En la región tenemos el Congreso más caro, con mayor número de miembros y el único que es bicameral.

Los diputados y senadores, además de sus respectivos salarios y el pago de secretarias, chofer, seguridad, relacionista público y asistente, reciben dietas por asistir a cada sesión en sus cámaras o a las reuniones de las comisiones a que pertenecen, gastos de representación e importe para combustibles y para viajes. Tienen derecho a importar, sin límite de valor, dos vehículos exonerados, que la casi generalidad vende a terceros, en franca violación de la ley.

En el caso de los diputados funciona un fondo social, conocido como “cofrecito” que le asigna 50 mil pesos mensuales y bonificación especial de 400 mil pesos para navidad, día de reyes, de las madres, para las habichuelas de semana santa, entre otros.

Por su parte, los senadores disponen de un fondo, bautizado como “barrilito”, por el que cada uno recibe una cantidad fija de 400 mil pesos mensuales. A esto se agrega la suma de un peso por cada habitante de su provincia, sin que esta última suma pueda pasar de RD$900 mil mensuales. Los senadores que por cuenta del “barrilito” reciben sumas mensuales por encima del millón de pesos son los del Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y están muy cerca de esa cantidad los de La Vega y Provincia Duarte.

Se trata de prebendas que nada tienen que ver con la función de legislar. ¿Qué justifica otorgarle a cada legislador dos exoneraciones de vehículos? ¿Por qué pagarles, adicional a su salario, una dieta para hacer su trabajo, esto es, por asistir a las sesiones del hemiciclo o a las reuniones de comisiones? ¿En qué se relaciona la entrega de fondos especiales y bonos con la función de legislar?

Todo esto no es más que corrupción “legalizada”, por demás legislada por ellos mismos. Aquí reside una de las causales que, junto a la impunidad, hace estructural la corrupción en nuestro país.

En la medida que alcanzar una representación congruesal produce tantos beneficios económicos y privilegios, se desnaturaliza y se convierte en los partidos en fuente de atracción para el enriquecimiento rápido. Este esquema conlleva que en los partidos terminan regularmente postulándose quienes pueden financiar por sí mismos o buscando apoyo las costosísimas campañas para luego, desde la representación, buscar la recuperación con creces de lo invertido.

Por eso, uno de los aspectos centrales de la reforma del Congreso conlleva despojar la función legislativa de esas condiciones que la hacen un medio de acumulación y enriquecimiento, para convertirla en una función pública honorable, en la que sus integrantes perciban los ingresos necesarios para una vida digna, garantizando que accedan a ella quienes tengan las capacidades, el compromiso social y la ética para legislar en función del bienestar colectivo y el fortalecimiento de la democracia.

A propósito de este tema es oportuno reproducir una propuesta que ha circulado por las redes sociales de una iniciativa de reforma para el Congreso de España:

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato.

2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos.

3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como los demás ciudadanos.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y estará sujeto al mismo sistema de salud que los demás ciudadanos.

6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los ciudadanos.

7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera.

Comparado con los privilegios que tienen los legisladores dominicanos, los de España son “boy Scout”.

El bloque de partidos de oposición tiene en el impulso de una iniciativa para la reforma del Congreso una oportunidad de abrir un nuevo rumbo en la política del país que por demás lo diferencie del oficialismo. Claro está, el primer paso es la renuncia, como ha hecho Fidelio, a los privilegios y a todo beneficio monetario o en especie contrario a las actividades propias de la función legislativa. El reto está planteado.