Hasta la invasión norteamericana de 1916, la atención sanitaria en el país se hacía a la usanza cuasi colonial. Los hospitales eran más bien hospicios que acogían menesterosos y enfermos rechazados por su condición de salud
Publicado: 27/11/2018
<p>Hasta la invasión norteamericana de 1916, la atención sanitaria en el país se hacía a la usanza cuasi colonial. Los hospitales eran más bien hospicios que acogían menesterosos y enfermos rechazados por su condición de salud, muchas veces incurables y con potencialidad infecto contagiosa, tales como leprosos, afectados de miasma, tuberculosos terminales, etcétera.</p>
<p>Los marines trajeron algunos conocimientos en el orden de la higiene, comunicación terrestre y construcción de recintos apropiados, no por amor a nuestros compatriotas sino, por temor de ser contaminados.<img src="https://www.teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2016/03/ABOBOBO.jpg" style="float:right; height:163px; width:290px" /></p>
<p>Sin embargo, es en el 1948, cuando Rafael Leónidas Trujillo, quien a la sazón tenía 18 años en el poder, implementa la Ley 1496 llamada Código Trujillo de Salud, motivado quizás por la corriente social de la época post II Guerra Mundial y la aureola triunfal del socialismo soviético a su paso libertario por Europa del Este, o bien por el titán Mauricio Báez y su lucha en por mejores condiciones para los obreros cañeros.</p>
<p>El Código de marras se mantuvo como el marco legal de referencias hasta el pórtico de los años 90s cuando tras una prolongada huelga de médicos encabezada por Altagracia Guzmán Marcelino, como presidenta de la entonces Asociación Médica Dominicana provocó que el presidente Joaquín Balaguer conformará una llamada Comisión Nacional de Salud, integrada por el gremio de los médicos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno.</p>
<p>La Comisión Nacional de Salud fue la antesala de que se sirvieron los privatizadores para ejecutar sus nefastos planes empujados por la ola neoliberal con factura neo colonial a través del denominado Consenso de Washington. Ahí se tejieron las intenciones de privatizar el modelo, como lo hizo Chile, a principio de los años 80s, y recientemente Colombia con la Ley 100.</p>
<p>Una vez, instaurada la Comisión Nacional de Salud, se puso de manifiesto su impronta mercantil, en el documento Salud, una visión de futuro, además de crear la Comisión Ejecutiva Para la Reforma del Sector Salud o CERSS, que en realidad fue el brazo ejecutor con el que el Banco Interamericano de Desarrollo repartió más de 200 millones de pesos para acelerar la privatización. Los grupos de poder comenzaron a insistir en una ley que superara el Código Trujillo de Salud.</p>
<p>Los años de 1995 al 2001 fueron de agitación en los ámbitos gremiales, empresariales y oficiales, pasando por el Congreso Nacional. Se insistía en aprobar un proyecto de ley lo más parecido a los modelos suramericanos citados. Sin embargo, la oposición de la AMD impidió cristalizar sus intenciones.</p>
<p>En febrero del 2001, aprovechando una concurrida marcha de médicos junto a otras fuerzas progresistas, el gobierno la reprimió. El rechazo a ese comportamiento, lo obligó a negociar un nuevo proyecto que contemplaba cambios más profundos, entre ellos crear el Servicio Nacional de Salud, las pensiones, Seguro Familiar de Salud, entre otros.</p>
<p>A casi 18 años de promulgada esta ley, se hace obvio su impronta privatizadora. Lo que interesaba era acumular beneficios a través de los tres aspectos de la misma: las pensiones o aspecto previsional que a la fecha ha acumulado más de 700 mil millones de pesos cuyos beneficios se duda se repartan a sus verdaderos propietarios. En Chile se ha dado la voz de alarma sobre la extorsión que se esconde tras el manejo de los mismos por el sector financiero.</p>
<p> En cuanto a la salud o Seguro Familiar de Salud, este pasó a ser controlado por las Administradoras de Riesgos de Salud, que lo único que administran son los recursos que reciben de los trabajadores, a los cuales niegan una enorme cantidad de servicios y medicamentos, y asi optimizar sus beneficios, que ascienden a más de 10 mil millones de pesos.</p>
<p>A pesar de que el Seguro Familiar de Salud fue segmentado en tres grandes grupos: Contributivo, integrado por empleados a los cuales se descuenta cotizan cierta cantidad y que comprenden casi cuatro millones de personas. Subsidiados, que son los más pobres y a los cuales el Estado subsidia a través del SENASA comprenden también casi 4 millones y los subsidiados, comprenden trabajadores por cuenta propia, comerciantes, profesionales liberales, etcétera, que comprenden dos millones aproximadamente y que permanecen fuera del sistema.</p>
<p>En esa compleja realidad, se pone en evidencia un modelo excluyente, que niega servicios a quienes cotizan, que extorsiona a proveedores con recursos propios de un tigueraje empresarial, cuya avaricia raya en lo obsceno.</p>
<p>El sector subsidiado ha de conformase con una tarjeta o carnet del SENASA para ir a hospitales a recibir servicios carenciados, donde pasan las de Caín antes de ser atendidos.</p>
<p>En medio de esas circunstancias, se tiene una inversión que no llega al 2% del PIB, lo que se traduce en indicadores de salud que son una vergüenza si se compara con naciones con igual o peor nivel económicos, tales como la mortalidad materna infantil, tasa de embarazo en adolescentes, enfermedades infectos contagiosas con alta prevalencia anual.</p>
<p>A todo esto, se tiene un Estado que hace vocación por la opción curativa que retrasa el inicio de la atención primaria, por lo que se urge acabar con este régimen corrupto.</p>
<p>Luchar en el día a día por una salud que llene todas nuestras expectativas, con una inversión a favor de la gente, que rechace lo mercantil por encima de la necesidad humana. Así pensamos en el Movimiento Patria Para Todos.</p>