Prof. Rafael Dario Herrera
Solo la amplia solidaridad de los montecristeños, unidos por vínculos afectivos con esa indefensa población, pudo evitar que la ciudad se bañara de sangre por completo.
A sabiendas de las consecuencias y reacciones internacionales que generaría la acción genocida, la burocracia del régimen complementó el discurso pronunciado por Trujillo en la Casa del Pueblo de Dajabón, el 2 de octubre de 1937, con diversos dispositivos. Uno de ellos fue un oficio, del 4 de octubre, remitido por el teniente coronel Manuel Emilio Castillo (Niñín), jefe del Departamento norte del Ejército, al capitán José de Js. Rojas, comandante de la 19.ª Compañía, el cual envió también, por instrucciones de Trujillo, al secretario de Estado de la Presidencia, junto con una copia del discurso de Trujillo, a fin de que la misma “quede debidamente informada de los sucesos que se están desarrollando en la línea fronteriza del Norte; y para que, en caso de que se produjera alguna reclamación del Ministro haitiano, esa Secretaría esté bien documentada”.
En dicho texto, preventivo ante cualquier reclamación internacional, e indicativo de que fue una aniquilación intencional, se informaba que el Gobierno no toleraría que se continuara “violando y pisoteando” la frontera ni el territorio nacional por la invasión pacífica e implantada de forma maliciosa desde hacía tiempo por los haitianos contra los pacíficos agricultores y hacendados dominicanos a quienes les estaban robando sus frutos y sus ganados, pues conforme al Tratato entre la República Dominicana y Haití, aprobado por el Congreso Nacional:
“[…] no puede ser violado el territorio nacional y esa voluntad recíproca de dicho contrato, que es un pacto de derecho internacional público, porque tiene el carácter general y obligatorio de las leyes interiores, no puede destruirlo la voluntad de uno solo, mientras ella y la otra parte contratante no acuerden modificarlo, o un principio de derecho internacional donde queden rotas las relaciones diplomáticas con una declaración de guerra […]. Todo atentado abusivo e improcedente, le costará, a quien osare pisotear el sagrado derecho de nuestra integridad, el precio de la vida”.
En septiembre de 1937 el Gobierno ya había emitido una disposición que ordenaba salir del del territorio a todos los haitianos que no justificaran su nacionalidad dominicana. Esto permitió a los militares arreciar el apresamiento de haitianos que deambulaban por toda la zona norte y la frontera desprovistos de documentos de identidad, en violación a la Ley de Inmigración 1343, promulgada por el Congreso Nacional que consignaba la obligatoriedad de inscribirse en la Dirección General de Inmigración a todos los extranjeros residentes en el país.
Como resultado de esta operación, encomendada al general Fausto Caamaño, entre mayo y junio de 1937 se repatriaron más de 8,000 haitianos, para lo cual se dispuso de una flota de camiones. Sin embargo, gran parte de los haitianos deportados retornaban con facilidad al país atraídos por la industria azucarera.
En este proceso de repatriación, y probablemente vislumbrando la acción que se aproximaba, los sacerdotes jesuitas al frente de la Misión fronteriza, expidieron numerosas partidas de bautismos, que era el único certificado posible de ”nacionalidad”, a numerosos haitianos indocumentados para lo cual colocaban los nombres de dominicanos ya fallecidos en dichas actas. (José Luis Sáez, Los jesuitas en la República Dominicana, vol. I (1936-1961), 1988, p. 69).
Otras disposiciones adoptadas por el Ejército incluían el traslado a la frontera de tropas del Ejército procedentes de otros lugares del país, la asignación de sables especiales a los agentes perpetradores, el reclutamiento de civiles y convictos para integrarlos a la masacre. En muchos casos las personas acaudaladas debían pagar para evitar que se llevaran a sus hijos a matar haitianos.
Asimismo, se impartieron instrucciones específicas a los soldados sobre el delicado “servicio” y la advertencia de que debían guardar absoluta discreción, bajo pena de sanción severa. El coronel Manuel Emilio Castillo instruyó a los comandantes del Ejército en Montecristi y Dajabón a mantener la frontera casi cerrada, vigilar a todo extranjero que pisara territorio dominicano, controlar y vigilar a los sacerdotes, a los haitianos sobresalientes de la frontera, controlar las correspondencias y lograr que la justicia procediera en los eventuales encuentros.
Los inicios de la matanza masiva
Aunque se inició el 24 de septiembre, día de la virgen de Las Mercedes, como lo recuerdan todos los alcaldes pedáneos y habitantes fronterizos, la masacre se ejecutó con mayor intensidad a partir del 2 de octubre en las diversas provincias del Cibao. La matanza no afectó a los braceros haitianos cañeros residentes en los bateyes adyacentes a los ingenios azucareros, la mayoría de ellos propiedad de empresarios norteamericanos, aunque fueron sometidos a estrictos controles de entrada y salida del país. De hecho, a los ingenios Porvenir y San Fe se les autorizó la importación de 300 y 1,200 braceros de las Antillas Menores.Sin embargo, para la zafra de 1937-1938 los ingenios encontraron escollos para la contratación de braceros debido a que Trujillo redujo de 70 a 40 el porcentaje de trabajadores extranjeros, haitianos y cocolos, que estos podían emplear, como “medida policial y para protección de la raza”.
Aunque la matanza masiva se concentró en las provincias fronterizas de la Región Noroeste, también se pasó una “orden circular” a los comandantes militares de los destacamentos de Santiago, Montecristi, Puerto Plata, Duarte y Barahona, y a quienes, “asombrados”, solicitaban explicaciones se les requirió a cumplir la orden. En Santiago, el tenebroso general José Estrella congregó un grupo de matones, y junto a un grupo de jóvenes, se trasladó a la yuquera de Quinigua donde asesinó con cuchillo a todos los haitianos allí residentes así como en las comunidades contiguas, apropiándose de sus bienes. En el campo de Experimentación de Puerto Plata asesinaron a los haitianos con garrotes y puñales. En otros pueblos como Nagua, Cabarete y Sosúa los matones emplearon armas de fuego. Entre Santiago y Montecristi fueron asesinados todos los haitianos. (Rufino Martínez, Hombres dominicanos. Trujillo y Heureaux, t. III).
La cohorte de perpetradores la conformaban civiles reclutados de forma forzosa, asalariados del Partido Dominicano quienes tenían asignada un arma de fuego y estaban acostumbrados a realizar “servicios” o encomiendas específicas para liquidar a los opositores del régimen. Además, fueron incorporados al Ejército, en calidad de “reservistas”, numerosos presos de confianza. Se asesinó de manera indiscriminada a todas las personas de piel oscura, a los haitianos errantes en los caminos, a campesinos, niños, mujeres, ancianos, jornaleros, pequeños comerciantes y agricultores, muchos de ellos nacidos en el país y otros que tenían varias décadas residiendo en territorio dominicano y que, por lo tanto, no se podían calificar como inmigrantes temporales o estacionarios.
En Mao, donde residía una importante población de haitianos y domínicos-haitianos que laboraban en las plantaciones arroceras como jornaleros agrícolas, en el comercio, como domésticas, lavanderas y en labores artesanales, el siniestro grupo de asesinos asoló la población y se estima que aniquiló a unas 500 personas de piel oscura. En la memoria colectiva todavía perdura el nombre de ellos: Avelina, Moquea, Silién, Desá, Llovelo, Juan, etc. En algunos casos, los matones eliminaron algunos dominicanos de tez oscura como Desiderio Disla, nativo de Las Matas de Santa Cruz, hecho que provocó la indignación de la población maeña y motivó el apresamiento de un conocido sicario al servicio de la dictadura.
Personas de la época atestiguan que los cadáveres de los haitianos asesinados los transportaba en una carreta el sepulturero de la ciudad, Abraham Minier, quien los depositaba en las fosas previamente construidas por personas reclutadas por el Ejército, a poca distancia de la ciudad. El grupo de fieros asesinos respetó la vida de los jornaleros haitianos que laboraban al servicio de la Hacienda Bogaert, de Mao, los cuales había traído el ingeniero Louis Libert Bogaert Leunis (1866-1935) desde su finca La Búcara de Jacagua, Santiago, cuando empezó a talar bosques para la siembra de arroz y otros rubros agrícolas. Sin embargo, luego de la matanza de 1937 y durante toda la dictadura de Trujillo los jornaleros haitianos dejaron de laborar en las fincas arroceras.
La matanza en la provincia de Montecristi
La gran masacre aconteció en la extensa provincia de Montecristi, que comprendía las extensas comunes de Dajabón y Sabaneta, pues en ella residía la mayor cantidad de haitianos y domínicos-haitianos, sobre todo en el extenso espacio comprendido entre Dajabón y Restauración que colindaba con la parte norte de la que luego sería la provincia sureña de Elías Piña. Según el censo de 1920, en la provincia de Montecristi residían 10,972 haitianos, 5,779 hombres y 5,193 mujeres, mientras el censo de 1935 registró un total de 8,442 haitianos.
Desde mediados del siglo XIX, en la ciudad de San Fernando de Montecristi habitaba una considerable cantidad de haitianos que laboraban como zapateros (Roberto Pea), barberos (Celiú Moisé), carniceros (François Sonsón), hojalateros, albañiles (Lamatine Volny) y carpinteros. Muchos otros trabajaban en el servicio doméstico (lavanderas y cocineras) o como simples jornaleros.
En el municipio de San Fernando de Montecristi la masacre se inició en La Granja donde residía una comunidad de pescadores haitianos cuyo alcalde era un refugiado político haitiano, Poulemon de Ansien, quien cuatro o cinco días antes de iniciarse la matanza, se presentó al hospital público de la ciudad y le informó a un enfermero amigo suyo, Juan Canalda, que en dicha comunidad habían asesinado y herido una gran cantidad de haitianos con armas blancas, y que por la forma en que fueron asesinados se podía inferir que fue obra de los guardias o personas allegadas a ellos.
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De retorno a La Granja, Poulemon trató de persuadir a sus compatriotas de que se marcharan hacia Haití, pero por aferrarse a los bienes que poseían, estos acogieron sus consejos y a los pocos días fueron liquidados sin piedad. Posteriormente, esta playa fue utilizada para recluir a los haitianos que serían asesinados.
Esta versión oral de Poulemon fue confirmada por el albañil haitiano Lamatine Volny, quien al momento de la matanza tenía 24 años residiendo en Montecristi, y el 6 de octubre de 1937 confesó que a la medianoche del 2 de octubre guardias dominicanos arrestaron alrededor de 50 haitianos que residían en las afueras de la ciudad y destruyeron todas sus pertenencias, luego de lo cual lo trajeron a la ciudad. Volny, aconsejado por amigos dominicanos, abandonó su mujer, muebles y ajuares y escapó hacia Haití. (J. M. Troncoso, “Análisis de las declaraciones juradas a las autoridades judiciales haitianas, en J. I. Cuello, Documentos…, 1985)
La celeridad con que se iniciaron los hechos provocó desconcierto, terror, indignación y dolor. La población haitiana residente en la ciudad de San Fernando de Montecristi fue ultimada de manera inmisericorde por la pandilla de criminales que encabezaba el conocido palero José Antonio Jiménez (Balá) y su séquito de genocidas, cuyo catálogo de instrumentos mortíferos incluía cuchillos, puñales, machetes, bayonetas y garrotes. Tanta sed de asesinar tenían los miembros del Ejército, y los llamados reservistas que le acompañaban, que intentaron liquidar al único médico de la ciudad, el Dr. Felipe Guiteaux, graduado en París, casado con una profesora alemana que impartía clases de piano en la ciudad.
Los inmigrantes establecidos en la ciudad desde mediados del siglo XX procedentes de las islas Turcas y Caicos tuvieron que huir despavoridos para evitar ser asesinados pues eran de piel oscura al igual que los haitianos. Este importante colectivo de súbditos ingleses tuvo una gran incidencia en el desarrollo urbano de la ciudad pues eran personas muy laboriosas que construyeron todas las casas con estilo anglo antillano de la ciudad, establecieron las primeras logias, fueron los primeros profesores de aritmética e inglés, trasmitieron su tradición culinaria a los montecristeños, (Rafael Darío Herrera, Montecristi. Entre campeches y bananos, Santo Domingo, 2006)
La mayoría de las víctimas llevaba décadas residiendo en la ciudad, en tanto otros que nacieron allí, nunca habían cruzado la frontera, y de acuerdo con la Constitución, les correspondía la nacionalidad dominicana por el jus soli vigente en ese momento. Los militares vestidos de civil y los matones no discriminaban para asesinar brutalmente a niños, mujeres y ancianos, sin importar que estos portaran algún documento que los identificara como dominicanos: actas de bautismo, cédulas personales de identidad y, en casos minoritarios, pasaportes.
Solo la amplia solidaridad de los montecristeños, unidos por vínculos afectivos con esa indefensa población, pudo evitar que la ciudad se bañara de sangre por completo, hecho que no pasó desapercibido para el Ejército, ya que el Jefe Militar del pueblo remitió al comandante del Departamento Norte una relación de las personas que protegieron a los haitianos. En los primeros días de octubre, el comandante del Ejército en Montecristi emitió una circular en la cual solicitaba a los habitantes de la ciudad una relación de todos los haitianos a su servicio.
De acuerdo con el informe confidencial estos fueron: Louis F. Green, norteamericano, que condujo varias sirvientas suyas hasta la frontera; Friederich Rudolf Grosshart, de nacionalidad alemana, socio de la Compañía Comercial (antigua Casa Jimenes), quien trasladó a una joven hasta Santo Domingo; Rafael Menieur (Fello), escondió a varios en su casa; el exsíndico Arcadio Tavárez, protegió a uno escondiéndolo en su hogar; Arcadio Sánchez, diputado, tenía a una sirvienta escondida e informó que esta se le fugó de su domicilio donde la tenía retenida para su deportación; Juan Luis Álvarez, comerciante, le prestó protección y ayuda a los haitianos para que se fugaran.
También Yía Virgil, empleada de La Salina, ocultó a varios en su vivienda; Fonso Virgil, “tenía dos mujeres escondidas, y los haitianos le decían El Cónsul, pues era quien se ocupaba de todos los asuntos que a ellos se les ofrecía con el pago de la inmigración”; Pablo Cambero, fungía como práctico de los haitianos y Matilde Perelló, “tenía once haitianos escondidos en un subterráneo y cuando hubo un receso en las deportaciones los despachó a la frontera con el chofer Pablo Castillo”.37
