La reducción de la violencia no convierte la cárcel en política social ni autoriza a un presidente a gobernar sin límites.

Nayib Bukele ha convertido el combate a las pandillas en una formidable fábrica de propaganda. El traslado de presos, las cabezas rapadas y las filas de cuerpos sometidos alimentan una representación constante del poder. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, funciona también como escenario de una marca política: el presidente que presume de resolverlo todo porque puede encerrarlo todo.

La reducción de la violencia en El Salvador es real y constituye un alivio profundo para quienes vivieron bajo la extorsión, el reclutamiento forzado y el asesinato. Negar ese cambio sería desconocer a las víctimas y regalarle a Bukele una defensa fácil. Su respaldo tiene una base comprensible: millones de personas necesitaban recuperar sus calles. Human Rights Watch

Precisamente sobre ese alivio se construye la operación política. La farsa consiste en vender un resultado de seguridad como prueba de que la sociedad debe entregar sus derechos, debilitar sus instituciones y aceptar a un gobernante sin límites. El beneficio obtenido se presenta como una deuda de obediencia.

Las pandillas tienen una historia que ningún video carcelario explica. Su expansión estuvo vinculada a la guerra y sus secuelas, las migraciones, las deportaciones desde Estados Unidos, la debilidad institucional y la exclusión. Encontraron espacios de reproducción donde faltaban protección, educación, empleo y oportunidades. Reducir ese proceso a una colección de hombres tatuados permite exhibir al enemigo y borrar las responsabilidades que hicieron posible su crecimiento. sherloc.unodc.org

La pobreza tampoco convierte automáticamente a nadie en delincuente. Confundir ambas cosas criminaliza a quienes más han sufrido la violencia. Comprender las condiciones que facilitan el reclutamiento sirve para impedir que otros jóvenes terminen sometidos a las mismas estructuras. Castigar al responsable y prevenir su reemplazo son obligaciones simultáneas.

El Gobierno cuenta con iniciativas de prevención, entre ellas los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, los CUBO. Sería inexacto afirmar que no existe ninguna intervención social. Pero inaugurar centros tampoco demuestra que las causas estén resueltas. Hay que conocer su cobertura, continuidad y resultados: cuántos jóvenes permanecen en la escuela, consiguen empleo y quedan efectivamente fuera del reclutamiento criminal. presidencia.gob.sv

El Banco Mundial reconoce las mejoras en seguridad y estima una reducción reciente de la pobreza. Al mismo tiempo, señala problemas persistentes de productividad, formación y calidad del empleo. Esa realidad obliga a evaluar el modelo más allá del número de capturas. La cárcel puede interrumpir la actividad de una organización; por sí sola no proporciona al barrio las condiciones para vivir sin ella. World Bank Group

El espectáculo permite saltarse esa evaluación. Un video de presos sometidos produce una impresión inmediata de eficacia. Una política de prevención exige años, presupuestos verificables y resultados menos fotogénicos. La propaganda aprovecha esa diferencia: muestra aquello que provoca aplausos rápidos y pretende que la imagen sustituya al examen completo.

La conversión del encierro en contenido está documentada. En abril de 2025, un análisis de Media Matters identificó al menos cinco creadores de YouTube que habían accedido al CECOT desde 2024. Sus videos acumulaban más de 200 millones de visualizaciones. Las visitas de figuras como Luisito Comunica ayudaron a convertir la prisión en un producto de consumo internacional. Media Matters for America

Ahí opera el intercambio: los creadores consiguen imágenes extraordinarias y el Gobierno obtiene difusión para su relato de autoridad. El preso se vuelve material audiovisual; el castigo, publicidad; y el presidente, protagonista de una solución que parece tan sencilla como multiplicar celdas. Esa es una lectura política del espectáculo, no una prueba de que todos los visitantes actúen por encargo.

El relato del enemigo absoluto tiene, además, un antecedente que exige explicaciones. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Osiris Luna y Carlos Marroquín, funcionarios de la administración Bukele. Según esa investigación, participaron en negociaciones clandestinas con dirigentes de pandillas que incluyeron incentivos y beneficios a cambio de reducir la violencia y obtener apoyo electoral. U.S. Department of the Treasury

Se trata de señalamientos oficiales asociados a sanciones, no de una sentencia penal contra Bukele. Su gravedad exige una investigación independiente y respuestas verificables. La imagen del gobernante que nunca transige con las pandillas resulta incompatible con esconder o desestimar las acusaciones sobre acuerdos de sus propios funcionarios.

El 7 de octubre de 2026, Human Rights Watch denunció juicios colectivos de cientos de acusados, pruebas débiles y graves obstáculos para la defensa. La organización informó de más de 93,000 detenciones bajo el régimen de excepción y documentó casos de personas sin vínculos con las pandillas. Una cifra de capturas puede impresionar; no demuestra, por sí misma, la culpabilidad de cada detenido. Human Rights Watch

El debido proceso tiene una función concreta: obligar al Estado a probar antes de castigar. Sin esa obligación, una denuncia falsa, una sospecha o una actuación arbitraria pueden destruir una vida. Toda persona debe poder defenderse ante un juez independiente, y la carga de acreditar el delito corresponde a quien acusa. Exigirlo protege a la población que el Gobierno afirma defender.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la excepcionalidad no puede convertirse en un componente permanente de la seguridad. Sin embargo, el régimen iniciado en marzo de 2022 continúa. El poder celebra la derrota de las pandillas mientras prolonga las restricciones justificadas por su amenaza. Esa contradicción merece algo más que otra producción para redes. oas.org

También merece examen la reforma aprobada en julio de 2025, que abrió paso a la reelección presidencial indefinida. La seguridad terminó acompañada de cambios que permiten prolongar la permanencia del gobernante. El ciudadano recupera espacios frente a la pandilla, pero necesita conservar herramientas para limitar al presidente. Ambos derechos forman parte de su libertad. Human Rights Watch

Bukele ha logrado que una parte del mundo confunda dureza con profundidad y popularidad con permiso ilimitado. Su maquinaria de propaganda presenta la exigencia de garantías como un obstáculo al orden. Así reduce el debate a una elección tramposa: aplaudir al gobernante o cargar con la sospecha de favorecer al criminal.

Un país tiene derecho a exigir seguridad, justicia, oportunidades y controles sobre quien manda. La prueba decisiva será sostener la tranquilidad con instituciones capaces de funcionar sin un régimen de excepción permanente y sin depender de la voluntad de un hombre.

Bukele aprendió a convertir a las pandillas en contenido y al alivio ciudadano en capital político. Su gran producto es la idea de que la paz necesita un dueño. Una sociedad que salió del dominio de las maras merece un futuro más amplio que la obediencia a su carcelero.