La Habana.– El presidente estadounidense Donald Trump decidió mantener durante otro año las facultades legales utilizadas por Washington para sostener una parte fundamental de las restricciones económicas contra Cuba, prolongando hasta el 14 de septiembre de 2027 una política de presión que atraviesa ya más de seis décadas y que durante su actual administración ha adquirido una dimensión particularmente severa.
La decisión fue firmada el pasado 20 de agosto y publicada este martes 25 en el Registro Federal de Estados Unidos.
El documento presidencial es escueto.
Trump establece que continuar aplicando esas facultades respecto de Cuba responde al “interés nacional de Estados Unidos” y ordena extenderlas durante otros doce meses.
Pero detrás de esas pocas líneas existe una realidad bastante más amplia.
Las facultades renovadas proceden de la Trading With the Enemy Act —Ley de Comercio con el Enemigo—, aprobada originalmente en 1917, y sirven de sustento a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos mediante las cuales Washington mantiene restricciones financieras y comerciales sobre la isla.
Más de un siglo después de aprobada aquella legislación y más de seis décadas después del comienzo del enfrentamiento entre Washington y La Habana, Cuba continúa sometida a una arquitectura de sanciones concebida para restringir su acceso al comercio, las finanzas y los mercados internacionales.
No es simplemente una renovación burocrática
La decisión tendría menor significado político si ocurriera en un momento de distensión.
Sucede exactamente lo contrario.
El mismo 20 de agosto en que Trump firmó la prórroga, su administración anunció nuevas sanciones contra Cuba.
Washington añadió a sus listas restrictivas a nueve entidades estatales vinculadas, entre otros sectores, con minería, metales, construcción y comercio exterior, además de tres funcionarios relacionados con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las medidas acusando al Gobierno cubano de utilizar esas estructuras para sostener lo que Washington define como su aparato represivo y desarrollar operaciones de influencia contra Estados Unidos.
La Habana rechazó las acusaciones.
El presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que los funcionarios y entidades sancionados tienen como supuesto “delito” trabajar para Cuba y enfrentar las restricciones estadounidenses, mientras el canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de intentar asfixiar económicamente al país.
Existe, por tanto, algo más que la renovación anual de una vieja legislación.
Estados Unidos está profundizando activamente la presión económica mientras Cuba atraviesa una de las crisis energéticas y financieras más graves de las últimas décadas.
La ONU introduce un dato difícil de ignorar
Washington argumenta que sus sanciones están dirigidas contra el Gobierno cubano.
Pero Naciones Unidas está documentando consecuencias que alcanzan directamente a la población.
En julio, la ONU informó que Cuba había sufrido cinco colapsos nacionales del sistema eléctrico solamente durante 2026, tres de ellos en una sola semana.
Los apagones estaban afectando electricidad, agua potable, telecomunicaciones, servicios sanitarios y actividad económica.
La situación había llegado ya a un punto crítico meses antes.
En junio Naciones Unidas informó que más de 100,000 operaciones quirúrgicas habían sido aplazadas debido a la escasez de medicamentos y suministros médicos.
Decenas de contenedores con alimentos y productos sanitarios permanecían detenidos porque faltaba combustible para transportarlos desde los puertos.
Y el coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba fue todavía más explícito.
En mayo describió una crisis en la que hospitales reducían operaciones, pequeños negocios cerraban, sistemas de agua dejaban de funcionar y el transporte de pacientes, médicos y suministros se volvía cada vez más difícil.
Su diagnóstico identificó simultáneamente debilidades económicas internas, falta de recursos y el endurecimiento de las restricciones externas.
Dos cosas pueden ser ciertas
La economía cubana tiene problemas internos profundos.
Baja productividad, escasez de divisas, ineficiencias de empresas estatales, errores de política económica, inflación y dificultades para producir suficientes alimentos no pueden atribuirse exclusivamente a Estados Unidos.
Un informe de Naciones Unidas sobre la economía cubana reconoce precisamente su elevada dependencia de importaciones y la baja producción doméstica, especialmente en sectores esenciales.
Pero reconocer esas deficiencias no conduce necesariamente a la conclusión opuesta: que las sanciones estadounidenses son irrelevantes.
También Naciones Unidas sostiene que las restricciones han limitado el acceso del país a combustible, financiamiento, tecnologías e insumos y han agravado la crisis energética.
Ambas realidades pueden coexistir.
Cuba puede tener graves fallas estructurales propias y, simultáneamente, Estados Unidos puede estar agravándolas mediante una política diseñada precisamente para aumentar la presión económica.
El castigo como instrumento político
Ahí aparece la cuestión geopolítica central.
Washington no oculta que utiliza la economía como instrumento para modificar el comportamiento político del Gobierno cubano.
La administración Trump sostiene que las sanciones responden a consideraciones de seguridad nacional, derechos humanos y actividades internacionales de La Habana.
Cuba sostiene que el objetivo real es provocar el colapso económico y forzar un cambio político.
Entre ambas versiones existe una evidencia objetiva:
las restricciones están concebidas para elevar el costo económico de determinadas políticas cubanas.
Por tanto, afirmar simultáneamente que las medidas presionan económicamente al Gobierno pero no tienen consecuencias sobre una población que depende de esa misma economía plantea una contradicción difícil de sostener.
165 países dijeron que no
Estados Unidos tampoco cuenta con respaldo internacional mayoritario para mantener el embargo.
En octubre de 2025, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reclamar su levantamiento.
La resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones.
La votación no obliga jurídicamente a Washington a modificar su política.Pero demuestra que la posición estadounidense permanece ampliamente aislada en Naciones Unidas.
La administración Trump ha respondido cuestionando al Gobierno cubano y defendiendo las sanciones como instrumento legítimo frente a lo que considera violaciones de derechos humanos y amenazas a sus intereses.
El debate lleva décadas atrapado prácticamente en ese mismo punto.
Washington acusa a La Habana de utilizar el bloqueo como explicación permanente de sus propias deficiencias.
La Habana acusa a Washington de provocar deliberadamente parte de las dificultades que después utiliza como prueba del fracaso del sistema cubano.
Una presión cada vez más extensa
La estrategia estadounidense de 2026 ha ido además mucho más lejos que las restricciones tradicionales.
Trump adoptó a comienzos de año medidas destinadas a dificultar el suministro petrolero a Cuba, incluyendo la posibilidad de castigar comercialmente a terceros países que proporcionaran combustible a la isla.
El impacto fue suficientemente grave para que Naciones Unidas lanzara un plan humanitario destinado a asistir a dos millones de personas, aproximadamente uno de cada cinco habitantes del país.
En junio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió suspender las nuevas restricciones estadounidenses.
Türk sostuvo que las limitaciones sobre el combustible y el endurecimiento de las sanciones estaban perjudicando directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
Washington mantiene una interpretación diferente: responsabiliza fundamentalmente al sistema político y económico cubano por la precariedad de la isla.
La vieja paradoja cubana
El enfrentamiento vuelve así a una paradoja que ha acompañado más de sesenta años de relaciones entre ambos países.
Estados Unidos sostiene que el modelo cubano fracasa por sus propias contradicciones.
Pero mantiene simultáneamente una política destinada a restringir las posibilidades económicas de ese mismo modelo.
Si el sistema cubano es incapaz de sostenerse por sí mismo, surge entonces una pregunta inevitable:
¿por qué necesita Washington conservar, ampliar y aplicar durante décadas un entramado excepcional de sanciones para demostrarlo?
La interrogante no absuelve al Gobierno cubano de sus errores.
Tampoco elimina el debate sobre libertades políticas, derechos humanos, eficiencia económica o reformas internas.
Separa simplemente dos responsabilidades que con frecuencia se mezclan.
Cuba debe responder por las consecuencias de las decisiones adoptadas en La Habana.
Estados Unidos debe responder por las consecuencias de las decisiones adoptadas en Washington.
Y la renovación firmada por Trump deja algo fuera de discusión:
hasta septiembre de 2027, al menos, la presión económica estadounidense seguirá formando parte de la ecuación cubana.
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