Santo Domingo-- un paso trascendental para el estado de derecho y la protección de los recursos naturales en la región del Caribe, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dictado la Resolución núm. 063-2026-SRES-00232, mediante la cual se declaran acogidas las peticiones legales interpuestas en el marco del expediente penal núm. 2026-0083750.

La decisión, firmada por el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez el pasado 16 de abril de 2026, representa una validación judicial contundente a los argumentos y solicitudes presentados por la parte querellante, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y comparte.

Impacto Nacional e Internacional


Esta resolución judicial adquiere una relevancia internacional inmediata, al enviar una señal clara a la comunidad inversora y a los organismos de protección ambiental sobre la firmeza de la justicia dominicana frente a las presuntas violaciones en zonas de fragilidad ecológica. Al "acoger" las peticiones de los querellantes, el tribunal valida el curso de la acción penal en un caso que involucra delitos ambientales graves, como la destrucción de manglares y la violación de perímetros de construcción permitidos.

"La justicia ha hablado a través de la Resolución 063-2026. Este acto de acogida por parte del Séptimo Juzgado de la Instrucción no es solo un trámite procesal, es el reconocimiento de que existen fundamentos sólidos para que los responsables de agresiones contra nuestro patrimonio natural rindan cuentas ante la ley", señaló el jurista Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA.

Precedente Jurídico

El fallo judicial se fundamenta en las atribuciones penales del juzgado y marca el inicio de una etapa determinante en el proceso, asegurando que las pruebas y solicitudes cautelares o de fondo propuestas por INSAPROMA tengan el curso legal correspondiente. Este hito fortalece la seguridad jurídica ambiental en la República Dominicana, posicionando al país como un referente en la aplicación rigurosa de las normativas de protección de ecosistemas críticos.

Con esta resolución, el Poder Judicial dominicano reafirma su papel como garante de los derechos colectivos y difusos, asegurando que el desarrollo económico y turístico se mantenga estrictamente dentro de los márgenes de la sostenibilidad y el respeto a la ley.

Los peticionarios

Entre los solicitante de la resolución se encuentran Somos Pueblo, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, Asociación de Vecinos Cuesta brava, entre otras personalidades, quienes tenían como abogados constituidos y apoderados especiales apare de Euren Cuevas, al Dr. Ernesto Mateo, Ángela Maldonado y Benustrides Beltré