SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho recordó la gravedad de los hechos delictivos cometidos por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y los demás procesados en la red criminal que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el daño provocado por los procesados debe ser resarcido, al responder a los periodistas que lo abordaron luego de que un juez del Distrito Nacional ratificara la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, así como a otros seis procesados de la red criminal.

La medida también fue confirmada a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y a Ramón Alan Speakler Mateo.

Camacho recordó que para mañana viernes está programada la audiencia de coerción a Ángel Luis Guzmán, parte de una estructura enfrentada con una de las líneas de investigación de la Operación Cobra.

Dijo que la investigación ha arrojado que el seguro estatal fue “atacado por varios frentes y fue estafado por varias estructuras”.

“Una de esas estructuras es la que estamos conociendo en este proceso, otra de esas estructuras es la que lidera Ángel Luis Guzmán, que le vamos a conocer medidas de coerción en el día de mañana”, dijo.

“Y les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Salud, pero que no puedo dar más detalles para no afectar la investigación”, indicó.

“Como ha habido varias estructuras, como he dicho, han afectado al Seguro Nacional de Salud; tuvimos una primera versión, vendrá una segunda versión y no descartamos que haya una tercera versión”, dijo el director general de Persecución.

 

Detalló que el juez del Séptimo Juzgado del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ha mantenido las medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, para todos los imputados de este caso de la estafa, como lo han hecho todos los tribunales que han juzgado este proceso, desde primera instancia que impuso prisión preventiva a cada uno de los imputados, a la corte que mantuvo esa prisión preventiva, y este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de estos imputados, es que se mantengan en prisión preventiva por razones que son además muy obvias”.

Sostuvo que pocos casos de corrupción administrativa en República Dominicana tienen un daño tan palpable como el que provocó la estructura que golpeó en el corazón de la salud del pueblo dominicano.

Camacho explicó que los alegatos de temas de salud en el caso de Hazim Albainy, con el caso de otros imputados, fue presentado en primera instancia, fue presentado en la corte, y fue presentado en el proceso que el juez decidió este jueves y siempre han sido rechazados.

Al presentar sus conclusiones durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó que le sea ratificada la prisión preventiva que le fue impuesta a los imputados en el mes de diciembre del pasado año 2025.

El pasado 14 de diciembre de 2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva de 18 meses a Hazim Albainy, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y a Ramón Alan Speakler Mateo.

El procurador adjunto Wilson Camacho, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como también de los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña y Yudelka Holguín.

El juez fijó la próxima revisión de la medida para el próximo 30 de julio del año 2026.

El proceso penal

en proceso judicial iniciado a partir de la Operación Cobra también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.

El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.

Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.