No caben dudas de que la actual crisis geopolítica matizada por el conflicto en Oriente Medio está incidiendo, de distintas formas, en todos los países, especialmente los de economías dependientes y en desarrollo, como es el caso de República Dominicana. Casi todos los países de la región están tomando medidas de austeridad y vigilancia ante los impactos que ya se sienten, con énfasis en la protección de la economía y la calidad de vida de la población.

Las autoridades de República Dominicana han mostrado preocupación ante los efectos de la crisis internacional, incluso llamando a un consenso y unidad de los sectores de la vida nacional a conocer las iniciativas que se propone el gobierno para poder enfrentarlos, con el propósito, según han dicho, de evitar la incidencia negativa en el crecimiento de la economía y su consecuencia en los bolsillos de la población más vulnerable, que, con las alzas que ha ido experimentando el mercado internacional del petróleo se ha afectado por su repercusión en el incremento de precios en los productos de la canasta familiar.

El llamado a dicho consenso y unidad nacional hecho por el presidente de la República, Luís Abinader, comenzó a generar expectativas dado que un llamado de esa naturaleza es lo que demanda el nivel de la crisis y sus impredecibles consecuencias, dando así la oportunidad a los sectores de la vida nacional a hacer sus aportes y llegar a consenso.  Iniciados los contactos con la clase política crecieron las expectativas en la sociedad dominicana y la población en sentido general; no obstante, los encuentros quedaron en lo meramente formal porque no se dieron la oportunidad de debatir propuestas concretas de posibles acciones frente a la crisis, pensando en el avance de la nación. Si es cierto lo que ha dicho la oposición de que el gobierno no tiene propuestas, en todo caso si no las tiene los diferentes sectores del país han debido presentar sus propuestas a la mesa de diálogo y procurar un consenso de cara al pueblo.  El momento demanda de la unidad en la diversidad por el bien de la patria.

La traba: el país electoral

Frente a este y otros llamados a diálogo, consenso y la unidad nacional que se han planteado desde el pasado reciente para afrontar situaciones de crisis diversas, nacionales o internacionales, la traba ha estado sujeta al momento de las coyunturas políticas en que éstas suceden. Hoy, ese importante llamado se ve afectado porque el país vive una coyuntura pre electoral, mirando hacia las elecciones del 2028. Pareciera contradictorio dado que faltan dos años para estos comicios y que las campañas políticas que de muchas formas se están desarrollando quedan fuera de la ley electoral y de las normativas del órgano árbitro de las elecciones.

En este contexto, funcionarios del oficialismo, salvo honrosas excepciones, a lo que están dedicados es a la búsqueda de espacios locales y/o nacionales de puestos electivos, generando controversias en sus demarcaciones entre sus propios compañeros de partido, que dejan muy mal visto a su gobierno y su responsabilidad como garante del desarrollo nacional. Y al propio sistema de partidos.

Otros, están en plena campaña y posicionamiento de sus aspiraciones electorales, en algunos casos debilitando su labor pública como ha sido evidente en ciertas ocasiones. Por ello, se repite la expresión, como hemos señalado en artículos anteriores: “Pobre Luís, está gobernando solo”, referida al presidente de la República, aunque esas mismas voces también se levantan contra la pérdida de la soberanía nacional como consecuencia del injerencismo foráneo y entreguismo local, lo que condiciona al país desde el oficialismo frente a los propiciadores de las guerras contra la paz.

Los ajustes oficiales frente a la crisis internacional

Enfatizando el interés y la necesidad de hacer algo para poder hacer frente a las consecuencias de la crisis internacional, el presidente anunció recientemente, nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana y proteger la maltrecha economía del pueblo. Con estas medidas, calificadas de “contención y eficientización del gasto público”, el mandatario busca generar una disponibilidad aproximada a los RD$40,000 millones, partiendo del principio (según el anuncio) de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contratos, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serían sometidas a revisión, ajustes o reducción según las prioridades nacionales.

Entre los ajustes está la reducción de gastos operativos, contención de adquisición de vehículos, exceptos de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, reducción de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios de contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuarios, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, y, entre otros, reducción de un 50% del presupuesto a los partidos políticos, el cual ha sido el detonante, porque, según fuentes públicas confiables dicho ajuste no fue previamente consensuado con los partidos políticos.

Vistos con la intención anunciada, dichos ajustes en sentido general podrían ser bien valorados y tener eficaz implementación si están sustentados en una planificación presupuestaria actualizada según las competencias institucionales y sus competencias compartidas, tomando en cuenta que la gestión gubernamental es medida por resultados y éstos deben sostenerse en indicadores.

Han sido tímidas las posiciones de los servidores públicos apoyando estos ajustes, se han escuchado las voces de servidores más ministeriales, comprometidos con su partido y gobierno. En esto incide de alguna forma la coyuntura adelantada del país electoral que describimos en esta entrega. Pero, si se hace que funcione, con voluntad política funcionará, porque la gestión gubernamental constitucionalmente finaliza en agosto de 2028 y el Estado debe continuar.

El otro detonante frente a lo que se procura aliviar contra los impactos de la crisis, es, el reciente incremento de un 15% al subsidio de los transportistas, equivalente a 800 millones de pesos, para que no incrementen los pasajes a la población ante el alza del petróleo en mercado internacional. Este paso se sencillamente un obsequio a un sector que sigue enriqueciéndose a costa de la movilidad de la población y de los “acuerdos” con que viene presionando a los gobiernos durante décadas. Lo que procede, considerando seria y necesaria las medidas contra la crisis, es revisar y focalizar los famosos subsidios que ya se han convertido en un renglón inamovible del presupuesto general de la nación.

Así, ningún país que pretenda buscar soluciones a las contingencias de la crisis internacional podrá lograrlo si se comporta solo como el país electoral.