No deberíamos sentirnos conformes con el persistente número de familias dominicanas que viven en condiciones de pobreza. Por el contrario, el principal compromiso de toda persona y sociedad con sentido humano debe ser trabajar para que cada familia supere esa realidad.

De acuerdo con el Boletín de Pobreza Monetaria del Ministerio de Hacienda, la pobreza se sitúa en un 17.3%. Sin embargo, al analizar con mayor profundidad la estructura de ingresos del país, la realidad resulta más preocupante: cerca del 30% de los trabajadores y las trabajadoras perciben menos de 20 mil pesos mensuales; un 20% gana menos de 16 mil pesos; y alrededor de un 10% recibe ingresos iguales o inferiores 12,585 pesos al mes, de acuerdo a los resultados de la Encuestra de Mercado Laboral Continua del último trimestre del 2025 del Banco Central.

Estos datos dirán mucho de las cifras oficiales que situan el salario mínimo en 24 mil pesos, cuando solo el 60% de quienes trabajan tienen ese ingreso o mayor. Pero pretenden ocultar con las cifras que utilizan la verdadera explotación del trabajador y trabajadora del pais.

Si consideramos que, en promedio, apenas 1.4 personas generan ingresos por hogar, queda en evidencia que una proporción significativa de familias no logra cubrir la canasta básica, que según el Banco Central ascendía a 29,137 pesos en diciembre de 2025. Esto implica que, en la práctica, cerca de un 30% de los hogares dominicanos vive con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades fundamentales.

Existe, además, una marcada desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Mientras algunos funcionarios estiman que una familia puede subsistir con 24 mil pesos mensuales o menos, altos’ cargos públicos perciben salarios que superan los 500 mil pesos e incluso alcanzan cifras millonarias. Esta desigualdad no solo es evidente, sino profundamente injusta. Debería ser una política oficial reducir esos altos salarios y. mejorar a quienes ganan menos. Esto es mas trascendente pues estos funcionarios con altos salarios conviven con en 22% de trabajadores del Estado con ingresos inferior 13,500 pesos.

La inequidad también se refleja en el acceso a la salud. Los sectores más pobres, que son a su vez los más vulnerables a enfermar, enfrentan mayores barreras para recibir atención y medicamentos. Un ejemplo claro es la exclusión de medicamentos ambulatorios en el régimen subsidiado, lo que contradice lo establecido en la Ley 87-01, que garantiza igualdad en el Plan Básico de Salud. Resulta particularmente grave si se considera que este régimen cubre a una población incluso mayor que el contributivo.

Las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos agravan aún más esta situación. Viven en entornos con mayor violencia, contaminación ambiental y hacinamiento; tienen menos acceso a hábitos saludables y envejecen en condiciones más precarias y sin pensiones. Estas son los llamados determinantes sociales de la salud, que explican por qué enferman más y mueren antes.

El modelo económico vigente ha generado crecimiento y riqueza para una minoría, pero también una mucha pobreza en la mayoría. Mientras una minoría acumula riqueza, amplios sectores sobreviven con ingresos de subsistencia. La existencia de un alto desempleo y de un amplio sector informal contribuye a presionar los salarios a la baja, perpetuando un ciclo de pobreza difícil de romper.

A esto se suman condiciones de vivienda indignas: familias enteras viviendo en una sola habitación, comunidades ubicadas en zonas vulnerables como cañadas, riberas de ríos o áreas propensas a derrumbes. Ante fenómenos naturales, estas poblaciones son las más afectadas, perdiendo vidas y bienes, sin recibir respuestas estructurales efectivas del Estado. Los programas de vivienda, en muchos casos, terminan respondiendo más a intereses privados que a una verdadera política social. De cada desgracia que afecta el pais la oligarquia aumenta su riqueza y pobres se empobrece  mas.

Superar la pobreza sigue siendo una meta difícil para la mayoría. Las vías tradicionales —educación superior, empleo digno o emprendimiento formal— continúan siendo inaccesibles para amplios sectores. En su lugar, predominan políticas de transferencias económicas insuficientes, que alivian momentáneamente, pero no transforman las condiciones estructurales.

Frente a esta realidad, es necesario abrir un debate profundo sobre el modelo de desarrollo y el tipo de democracia que estamos construyendo. Una democracia que no garantiza bienestar a la mayoría pierde legitimidad en su esencia.

El país necesita avanzar hacia un modelo más inclusivo, donde trabajadores, profesionales, pequeños empresarios y sectores productivos nacionales desarrollen la conciencia de que las amenazas a su existencia y desarrollo es el control que ejerce la oligarquia a través de los partidos tradicionales sobe el poder y las politicas públicas. Esta oligarquía tiene secuestrado el Estado a través de partidos politicos y candidatos financiados pir estos sectores, los cuales al llegar al poder se asocian a esos grupos poderosos y se apropian de los recursos públicos a través de contratos, compras y la corrupción por lo que el camino es Unirse para derrotarlos y crear un modelo donde tengan una participación real en las decisiones nacionales. Solo así será posible construir un sistema que represente verdaderamente los intereses de la mayoría.
La pobreza no es una estadística: es una condición de vida que limita el desarrollo humano y debilita la cohesión social. Superarla no debe ser una aspiración, sino una prioridad nacional.