Santo Domingo, RD.- La historia de las izquierdas dominicanas vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que atraviesa sus organizaciones desde los años setenta: ¿Cómo construir una fuerza política capaz de disputar el poder cuando sus propias estructuras, sus diferencias y sus formas de participación electoral terminan reproduciendo la fragmentación que pretenden superar?

Durante más de cinco décadas, las izquierdas han creado partidos, movimientos, sindicatos, organizaciones comunitarias, espacios culturales y experiencias de movilización. También han ensayado frentes, bloques, coordinadoras, uniones y coaliciones. Las denominaciones y los protagonistas cambian, pero permanece la dificultad para convertir esa acumulación política y social en una representación electoral con capacidad de disputar la dirección del país.

La cuestión adquiere otra dimensión en el ciclo abierto después de las elecciones de 2024. La discusión sobre la unidad hacia 2028 coincide con una transformación de la sociedad dominicana, una crisis de representación de los partidos tradicionales y una creciente distancia entre las demandas sociales y las estructuras políticas disponibles para expresarlas.

La experiencia de Marcha Verde en 2017 mostró la capacidad de movilización de organizaciones, dirigentes comunitarios, profesionales, militantes y ciudadanos alrededor de la corrupción y la impunidad. Las izquierdas aportaron experiencia organizativa y territorial, pero no consiguieron convertir esa movilización en una alternativa política. Una parte de los dirigentes y sectores que participaron en aquel proceso terminó convergiendo con Luis Abinader y el PRM, que capitalizaron electoralmente la crisis del orden peledeísta y llegaron al Gobierno en 2020.

La ruptura progresista posterior tiene antecedentes en las alianzas electorales de 2016 y en la Coalición Democrática por el Cambio y la Regeneración de 2019. La participación de sectores de izquierda en la coalición que llevó al PRM al Gobierno modificó sus relaciones con el sistema político. Alianza País, que había alcanzado su mayor votación presidencial en 2016, terminó aliado al oficialismo en 2024. Otras organizaciones siguieron trayectorias diferentes, mientras sectores y dirigentes abandonaron muchas de las estructuras partidarias.

La experiencia electoral posibilita observar la dimensión de esa dificultad. El MIUCA obtuvo 18,136 votos presidenciales en 2008. Después de convertirse en Frente Amplio, registró 6,553 votos en 2012, alcanzó 27,536 en 2016 y 27,270 en 2020. En 2024, con María Teresa Cabrera como candidata, descendió a 6,255 votos, su resultado más bajo en esta trayectoria.

Alianza País obtuvo 62,296 votos en 2012 y alcanzó su máximo de 84,399 en 2016. En 2020 descendió a 39,458 y en 2024 registró 15,913 votos en su recuadro presidencial, mientras Guillermo Moreno concurrió como candidato a senador del Distrito Nacional en la alianza encabezada por el PRM.

Alianza por la Democracia pasó de 84,566 votos en 2004 y 79,950 en 2008 a 5,066 en 2012. En 2016 consiguió 16,256; en 2020, 15,664; y en 2024, 17,551. Su trayectoria muestra la relación entre participación electoral, alianzas y conservación de su presencia institucional.

Opción Democrática obtuvo 25,204 votos presidenciales en 2024. Perdió la representación legislativa que había conseguido con José Horacio Rodríguez, pese a la importante votación personal del diputado, y mantuvo representación municipal. Patria para Todos, con Fulgencio Severino como candidato presidencial, recibió 2,744 votos y perdió su reconocimiento electoral. Actualmente desarrolla un proceso de recolección de firmas para solicitar nuevamente su personería.

Los resultados definitivos de la Junta Central Electoral registran 67,667 votos en los recuadros presidenciales de Frente Amplio, Patria para Todos, Opción Democrática, Alianza País y APD. Esa suma representa aproximadamente el 1.55% de los votos válidos de 2024. La cifra no mide todo el electorado progresista, pero da para apreciar la reducida capacidad de votación propia de estas cinco organizaciones.

La franquicia electoral convirtió la supervivencia en estrategia

La legislación electoral contribuye a explicar la situación. La Ley 33-18 establece como causa de pérdida de la personería jurídica que un partido no alcance individualmente el 1% de los votos válidos, con la excepción de que obtenga representación en los niveles de diputaciones, senadurías o municipal. La sentencia TC/0146/21 del Tribunal Constitucional estableció que una organización que consigue representación conserva su personería aunque no alcance ese porcentaje.

La misma legislación dispone que los partidos aliados mantienen sus recuadros individuales y sus votos se computan por separado. Por tanto, una organización puede participar en una candidatura común, contribuir a elegirla y conservar su identidad electoral. La alianza suma apoyos para el candidato, pero no necesariamente acumula fuerza propia.

El método D’Hondt para distribuir los escaños de diputaciones añade otra dificultad. La representación depende de la votación de las listas en cada circunscripción y de la cantidad de escaños disponibles. Un candidato aunque obtenga miles de votos personales se queda fuera del Congreso cuando su organización no logra conseguir la votación necesaria para alcanzar una posición. El caso de José Horacio Rodríguez en 2024 es un ejemplo de esa contradicción.

El reconocimiento también tiene una dimensión económica. La Ley 33-18 distribuye el financiamiento público entre los partidos según sus resultados electorales. La personería garantiza la participación institucional y abre acceso a recursos públicos, mientras su pérdida obliga a reconstruir las condiciones legales para regresar a la competencia.

La legislación exige a las organizaciones nuevas reunir firmas equivalentes al 2% de los votos válidos de las últimas elecciones presidenciales. Tomando como referencia los 4,365,147 votos válidos de 2024, el requisito representa aproximadamente 87,303 firmas, además de las exigencias organizativas y territoriales correspondientes.

En estas condiciones, la franquicia adquiere un valor que condiciona las decisiones de las direcciones partidarias. Un partido pequeño necesita conservar su reconocimiento y en base a ello busca candidaturas comunes, negocia posiciones y termina dependiendo de los bloques que concentran la votación. La política se desplaza hacia la administración de la casilla electoral, mientras la construcción de fuerza propia pierde centralidad.

La experiencia de APD, primero aliada al PLD durante los gobiernos peledeístas y posteriormente al PRM, constituye una experiencia de esa dependencia. Alianza País pasó de disputar electoralmente la presidencia a concurrir aliado al oficialismo. Frente Amplio redujo considerablemente su votación presidencial. Opción Democrática se ha inclinado por acuerdos territoriales con la Fuerza del Pueblo y mantener su propia candidatura presidencial. Patria para Todos enfrenta el costo de reconstruir su reconocimiento.

La franquicia no explica por sí sola la fragmentación, que tiene raíces ideológicas, históricas y organizativas anteriores a la legislación vigente. Sin embargo, introduce un mecanismo que reproduce la separación. Cada organización calcula sus posibilidades de supervivencia, protege su personería y negocia desde sus necesidades particulares. La unidad termina condicionada por la conservación de las estructuras que deberían integrarse para logar la fiuerza necesaria para disputar el poder.

El problema también aparece en la relación entre las izquierdas y la movilización social. La separación entre lucha social y disputa política ha limitado la posibilidad de convertir las demandas populares en representación y poder. Marcha Verde mostró esa contradicción; los procesos electorales posteriores confirmaron que la movilización puede modificar el escenario político sin producir necesariamente una fuerza organizada capaz de conducir sus resultados.

De la unidad de las siglas a la construcción de una mayoría ciudadana

Durante 2026 han aparecido propuestas que colocan nuevamente la unidad en el centro de la discusión. El PCT reactivó el debate mediante una carta dirigida al Referente de Izquierda Dominicana, con tres tareas: incorporar independientes, conseguir un registro electoral y presentar candidaturas en 2028. La propuesta también abrió la discusión sobre democracia digital, ciudadanía organizada, inteligencia artificial y nuevas plataformas para producir conocimiento y participación política.

El MPD llamó a reconstruir la izquierda mediante autocrítica, organización y articulación de los sectores progresistas. Identificó la fragmentación, el sectarismo, los personalismos y la dispersión como dificultades que comprometen su relación con trabajadores, jóvenes, mujeres y sectores populares.

El Partido del Poder Popular, por su parte, reorganiza una tradición que comprende al Partido Socialista Popular, fundado en 1946; al Partido Comunista Dominicano, reorganizado en 1965; la experiencia de Francisco Alberto Caamaño, la Fuerza de la Revolución y el Movimiento Caamañista. Su propuesta incorpora la categoría de mayoría social y la relación entre organización popular, contrapoder y transformación política.

La trayectoria de Patria para Todos, desde la Unión Patriótica Antiimperialista, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, Nueva Alternativa y Alternativa Revolucionaria hasta sus posteriores expresiones organizativas, introduce la dimensión de la perseverancia y la búsqueda política que cambia de estructura cuando las condiciones sociales exigen nuevas formas de organización.

El debate celebrado el 27 de septiembre en el Centro Cultural de Indotel reunió a dirigentes históricos, investigadores, economistas, profesores, comunicadores, militantes y activistas. La discusión abordó la unidad electoral, las primarias para seleccionar candidaturas, la organización en los colegios electorales, el programa común, la comunicación, el trabajo cultural y la construcción territorial. La propuesta presentada plantea mejoras salariales, inversión pública en salud y educación, seguridad social, vivienda, reforma tributaria progresiva, recuperación de empresas estatales privatizadas, protección ambiental, fortalecimiento municipal, libertad sindical, participación juvenil e igualdad de género.

Las experiencias de encuentros de movimientos independientes en Bonao y San Francisco de Macorís trasladan la discusión a la práctica territorial. En agosto, Bonao reunió organizaciones y movimientos de Santiago, Santo Domingo, Villa Altagracia, San Cristóbal, La Romana y San Francisco de Macorís, entre otros lugares. La Otra Politica, Gentío, Poder Real, Tabuya, Promotores Alternativos, Espacio Político Social y Los Unitarios participaron en un intercambio sobre organización, programa, representación y estructura. La imagen del ensamblaje expresó la necesidad de articular experiencias distintas sin que una absorba a las demás.

San Francisco de Macorís presentó una experiencia de convergencia entre organizaciones con personería jurídica, movimientos sin reconocimiento, grupos ciudadanos y militantes independientes. Su propuesta articula acción, acumulación y poder mediante una alternativa municipal con proyección nacional. Ciudadanía Democrática, a su vez, plantea construir organización desde los territorios, escuchar a las comunidades y colocar a las personas antes que las estructuras.

Estas experiencias se desarrollan en una sociedad atravesada por frustraciones acumuladas, desigualdad, dificultades de acceso al agua y la electricidad, aumento del costo de los alimentos, medicamentos y combustibles, problemas de salud, educación, transporte y seguridad, así como conflictos de los productores y protestas comunitarias. La crisis de los servicios y las condiciones materiales de vida forman parte del escenario en el que se discute la representación política.

La primera vuelta de 2028 constituye un objetivo concreto para organizar una participación común. Actuar juntos desde ahora hasta ese proceso facilita construir acuerdos sin exigir que todas las organizaciones resuelvan previamente sus diferencias históricas. La unidad debe incorporar partidos reconocidos, organizaciones sin personería, movimientos sociales, sectores sindicales, ambientalistas, feministas, agrupaciones territoriales y ciudadanos independientes.

Atreverse a perder el reconocimiento electoral significa romper con la idea de que conservar la franquicia constituye el objetivo principal de la política. No supone convertir la pérdida de la personería en una obligación ni desconocer su utilidad legal, pero requiere aceptar que ninguna sigla puede colocarse por encima de la construcción de una fuerza común y que los instrumentos electorales tienen que estar al servicio de un proyecto de poder.

La discusión de fondo consiste en decidir si las izquierdas continuarán administrando su fragmentación mediante alianzas destinadas a conservar franquicias electorales o si pueden construir una organización política y social que articule a quienes permanecen fuera de ellas. La unidad exige superar el simulacro de los acuerdos entre direcciones y convertir las experiencias territoriales, las luchas sociales y la elaboración programática en una representación compartida.

La historia de las izquierdas dominicanas registra décadas de intentos de convergencia. La coyuntura actual vuelve a plantear el mismo dilema bajo nuevas condiciones sociales, tecnológicas y electorales. La preservación de las franquicias ha terminado condicionando la posibilidad de la unidad. Atreverse a dejar de protegerlas como finalidad constituye un paso para colocar la disputa por el poder en el centro de la política progresista dominicana.