Santo Domingo. El reglamento que regula las encuestas electorales se mantiene plenamente vigente. La medida no ha sido inhabilitada, suspendida ni mucho menos anulada, según aclaró el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo.
El funcionario explicó que, contrario a lo difundido en algunos medios, el Pleno de la JCE en su reunión del pasado 18 de junio, solo pospuso (sobreseyó) el conocimiento de dos recursos de reconsideración elevados por Participación Ciudadana y una firma encuestadora.
El sobreseimiento o posposición
En su aclaración, el presidente de la JCE sostuvo que cuando el Pleno del organismo publicó el reglamento, recibió dos recursos de reconsideración (uno de ACD Media y otro de Participación Ciudadana) por presuntas violaciones constitucionales.
Al mismo tiempo, el TSE fue apoderado de dos acciones por parte de la Fundación Sin Fronteras —una de medida cautelar y otra de impugnación— solicitando la nulidad del reglamento que regula las encuestas electorales.
“Es importante aclarar a la ciudadanía que lo que hizo la Junta el 18 de junio fue conocer los dos recursos de reconsideración de ACD Media y de Participación Ciudadana. Y como el Tribunal Superior Electoral está apoderado de dos acciones que persiguen el mismo objeto y los mismos efectos, el Pleno decidió, como es correcto, el sobreseimiento del conocimiento de esos dos recursos hasta tanto el TSE emita la decisión vinculante, para evitar así fallos contradictorios”, recalcó Jáquez Liranzo.
El presidente de la JCE fue enfático en señalar que lo que el Pleno ha hecho es “posponer el conocimiento de esos dos recursos de reconsideración de esa firma encuestadora y de Participación Ciudadana».
“En síntesis, el reglamento está vigente. Que conste esto a la ciudadanía y a las partes interesadas”, concluyó en declaraciones a varios medios de comunicación.
Las sanciones
En otro orden, Jáquez Liranzo expresó que las sanciones establecidas en el reglamento solo impactan a firmas encuestadoras y a partidos políticos, y no a medios de comunicación ni a comunicadores. “Eso impacta a las organizaciones políticas que lo violen y a las firmas encuestadoras”, reiteró.
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