SANTO DOMINGO.– En el marco de la conmemoración de sus cinco años de trayectoria, la Coalición por la Seguridad Social Digna (CSSD) celebró un conversatorio internacional en el Colegio Médico Dominicano, en el cual reafirmó su compromiso de impulsar una reforma profunda a la Ley 87-01 que elimine las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del sistema dominicano.

El encuentro contó con la participación especial del líder sindical chileno Luis Mesina, vocero nacional de la Coordinadora NO + AFP de Chile, quien expuso las consecuencias del modelo de capitalización individual tras 45 años de vigencia en su país.

El fracaso del modelo chileno
Durante su intervención, Mesina calificó el sistema de AFP instaurado en Chile como «un total fracaso para los afiliados y un total éxito para las empresas administradoras». Explicó que las tasas de reemplazo de las pensiones en la nación sudamericana apenas alcanzan el 32 % para los hombres y el 27 % para las mujeres, manteniendo a más de la mitad de los pensionados con ingresos inferiores al 70 % del salario mínimo.

«Existen pensiones de 100 dólares e incluso de 2 dólares mensuales. Es un modelo que mercantiliza un derecho social para generar ganancias a grandes grupos económicos», enfatizó Mesina, al tiempo que advirtió a la sociedad dominicana sobre los riesgos de replicar un esquema privatizado.
Hacia un sistema público y solidario
La actividad reunió a destacados dirigentes gremiales, académicos y comunitarios como Senén Caba (expresidente del CMD), Francisca Peguero (gremialista de enfermería), Rafael Feliz (ADP), Francisco Tavárez (INISE-UASD) y Luz Eneida Mejía (Movimiento de Mujeres Trabajadoras), entre otros representantes de las organizaciones que integran la Coalición.

Al presentar el balance de su quinquenio de trabajo —que ha incluido investigaciones, propuestas legislativas y movilización social—, la Coalición reiteró que la salud y la seguridad social deben dejar de ser un negocio.

La entidad exhortó a avanzar hacia un modelo de reparto público, universal, solidario, de beneficios definidos y sin fines de lucro que garantice derechos fundamentales conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.