La gestión de los residuos sólidos es mucho más que un problema de recolección. Es un desafío ambiental, territorial y de gestión pública que comienza con la forma en que producimos y consumimos, continúa con lo que hacemos con los materiales que descartamos y termina poniendo a prueba la capacidad de nuestras instituciones para gestionarlos adecuadamente. Sus consecuencias se manifiestan en calles, cañadas, ríos y costas, pero sus causas —y buena parte de las posibilidades de solución— se encuentran mucho antes de que un residuo llegue a cualquiera de esos lugares.

Los plásticos muestran con particular claridad esa relación. Su bajo costo, versatilidad y presencia generalizada en el consumo contrastan con las consecuencias de una disposición inadecuada. Una botella, una funda o un envase abandonado en una vía pública puede ser arrastrado hacia una cañada, pasar posteriormente a un río y terminar en el mar. Un problema que percibimos como global tiene, por tanto, manifestaciones y soluciones profundamente territoriales.

Es precisamente en el territorio donde los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental. Pero asumir esa responsabilidad exige superar una visión todavía muy extendida: gestionar residuos sólidos no consiste simplemente en recolectarlos y trasladarlos de un lugar a otro.

La gestión integral comienza antes de la recolección y termina mucho después. Implica conocer cuánto residuo se genera y sus características; organizar almacenamiento, rutas, frecuencias y transporte; identificar materiales susceptibles de recuperación, reutilización o valorización; y garantizar una disposición final ambientalmente adecuada para aquello que no pueda aprovecharse. Supone pasar de administrar una operación de recolección a gestionar un sistema público con dimensiones ambientales, operativas, económicas, institucionales y sociales.

República Dominicana ha avanzado en la construcción del marco necesario para ese cambio. La Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, posteriormente modificada por la Ley 98-25, constituye la base legal del modelo actual. El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025-2035 (PLANGIR) amplía esa visión hacia fortalecimiento institucional, información, valorización, disposición final, participación y economía circular.

Para los gobiernos locales adquieren especial importancia los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), que parten del diagnóstico de cada territorio para avanzar hacia planificación, implementación, monitoreo y evaluación. Esto introduce una condición elemental: para gestionar adecuadamente es necesario disponer de información adecuada.

¿Cuánto residuo genera un municipio? ¿Cuál es su composición? ¿Qué proporción de la población recibe el servicio? ¿Cuál es la capacidad operativa disponible? ¿Cuánto cuesta recolectar, transportar y disponer? ¿Qué materiales pueden recuperarse o valorizarse? Contar con estas respuestas permite sustituir progresivamente una gestión reactiva por otra basada en datos, costos, capacidades y resultados.

La dimensión financiera resulta igualmente importante. Personal, combustibles, mantenimiento, equipos, infraestructura y disposición final tienen costos. Un sistema ambientalmente adecuado, pero financieramente insostenible, terminará deteriorándose. La gestión integral exige, por tanto, conocer cuánto cuesta prestar adecuadamente el servicio, identificar ineficiencias y asegurar su sostenibilidad.

La valorización agrega otra dimensión. Una parte de los residuos conserva valor material y, bajo determinadas condiciones, puede reincorporarse a procesos productivos. Recuperación, reutilización y reciclaje permiten disminuir la cantidad destinada a disposición final y pueden generar actividad económica. Es en este punto donde la economía circular trasciende el discurso ambiental para convertirse también en una estrategia de gestión y aprovechamiento de recursos.

Pero la responsabilidad no corresponde exclusivamente a los gobiernos locales. La gestión integral involucra al Gobierno central, gobiernos locales, ciudadanía, productores, importadores, comercializadores, gestores y recicladores. Se trata de responsabilidades diferenciadas que deben funcionar de manera articulada.

La ciudadanía tiene responsabilidades concretas: reducir la generación cuando sea posible, entregar adecuadamente los residuos, respetar los mecanismos establecidos y evitar su disposición en espacios no autorizados. El sector productivo también participa de este sistema. El principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) incorpora precisamente responsabilidades asociadas a determinados productos más allá del momento de su comercialización.

La educación ambiental es indispensable, pero por sí sola no resuelve el problema. El comportamiento ciudadano también está condicionado por la calidad de los servicios y por el funcionamiento de las instituciones. Exigir horarios de entrega requiere servicios razonablemente regulares; promover una disposición adecuada requiere mecanismos accesibles; y las conductas que afectan deliberadamente espacios públicos, drenajes o cursos de agua requieren fiscalización y aplicación efectiva de las normas.

Educación ambiental, calidad del servicio y cumplimiento normativo son componentes de un mismo sistema de gestión. Se necesitan ciudadanos informados y responsables, pero también instituciones capaces de planificar, prestar servicios confiables, fiscalizar y hacer cumplir las reglas.

La gestión integral implica, finalmente, cambiar nuestra propia concepción de los residuos. El objetivo no puede limitarse a recolectarlos y trasladarlos hacia un sitio de disposición final. Debemos prevenir y reducir su generación, recuperar aquellos materiales que todavía poseen valor y disminuir progresivamente la cantidad que requiere disposición final. Esto exige también reconocer que no todos los residuos son aprovechables ni toda valorización resulta técnica o económicamente viable.

República Dominicana dispone hoy de un marco normativo y de planificación considerablemente más desarrollado que hace algunos años. El desafío se encuentra ahora en convertir ese marco en capacidad institucional y resultados verificables en los territorios.

La gestión integral de residuos sólidos no debería evaluarse solamente por la existencia de leyes, planes, equipos o infraestructuras, sino por sus resultados: reducción de la generación, mayor recuperación y valorización, disminución de la disposición inadecuada, sostenibilidad de los servicios y mejores condiciones ambientales en nuestros territorios.

Ese es el cambio de enfoque: dejar de administrar únicamente las consecuencias de la generación de residuos y comenzar a gestionar integralmente su ciclo como parte de una política pública ambiental, territorial y de desarrollo sostenible.

Ing. Ricardo López

Consultor en Tecnología, Planificaci