encubrir la orden de aplicar la pena de muerte, al margen de su inexistencia como figura constitucional y procedimiento legal.

La mano dura que también esgrimen se aplica a la juventud empobrecida y abandonada, pero no a los tutumpotes y jefotes que se roban decenas de miles de millones de pesos.

Hemos mantenido una dura postura crítica a la gestión policial del gobierno de Luis Abinader, agravada con los planes de seguridad inspirados en la asesoría de Rudolph Giuliani, exalcalde de NY y exasesor de Donald Trump, asumidos en su primera y segunda campaña electoral (2016 y 2020); planes que instrumentalizan los asesinatos policiales extrajudiciales de corte fascista.

Esa concepción criminal del ejercicio de la PN ha primado en este país a lo largo de los dos gobiernos ejercidos por el PRM, con Abinader y las élites empresariales a la cabeza; primero, durante el contrato concertado con Giuliani y, después, bajo otras asesorías similares.

En un reciente artículo titulado “LA P. N. Y LOS MIEDOS DE ABINADER” (publicado el pasado mes de septiembre) y en otro titulado “ABINADER Y LA DELINCUENCIA” (publicado este mes de octubre), denuncié el incremento de lo que calificamos como “ejecuciones extrajudiciales o asesinatos policiales por paquetes”, bajo el amparo gubernamental.

Sostuve y reitero que las advertencias públicas del mandatario, instando a los prófugos a entregarse “para evitar que les vaya peor”, operan, en la práctica, como luz verde para tan mortales operativos policiales.

En otras denuncias y análisis previos, como uno titulado “DISOLVER LA POLICÍA”, argumentamos que esa institución está estructuralmente corrompida y que los reiterados planes de reforma no pasan de ser simulaciones mediáticas, por lo que la única salida real es su completa disolución y los cambios constitucionales que posibiliten crear una policía civil respetuosa de los derechos humanos.

El nefasto vínculo contractual directo de Rudolph Giuliani con el equipo de Abinader se remonta a sus primeras propuestas de campaña de 2016 y a los inicios de su estrategia de seguridad, y se proyecta hasta el presente; por lo que quien suscribe este artículo consideró entonces, y sigue considerando ahora, que trasladar las doctrinas de “Tolerancia Cero” y “Ventanas Rotas” de Giuliani al contexto dominicano no implica atacar las raíces de la delincuencia (despotismo, desigualdad, exclusión y corrupción de cuello blanco).

Igual actitud asumió frente a los antecedentes criminales-policiales de esta matazón, desplegados durante los gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, de triste recordación.

La verdad es que, esencialmente, esa doctrina policial consiste en desatar la persecución selectiva y violenta contra la juventud empobrecida de los barrios marginados y proteger a los dueños de los negocios de todas las modalidades de delincuencia.

Esa concepción sobre “seguridad ciudadana” responde a un nefasto patrón de subordinación a agencias norteamericanas e israelíes (CIA, Mossad, DEA, Comando Sur) y a las asesorías policiales chilenas y colombianas de la misma matriz, acogidas y apoyadas desde una política gubernamental “servil” a los intereses de Washington, en el tratamiento de un tema extremadamente delicado y peligroso.