La inversión del 19 % de los fondos de pensiones en empresas privadas a través de distintos mecanismos —incluyendo la compra de acciones, como sucedió con César Iglesias— debió dirigirse a explicar, en primer lugar, si la rentabilidad de esos instrumentos a la fecha es superior a la de otras opciones que justifiquen dichas inversiones. En segundo lugar, si la compra de acciones de la empresa César Iglesias fue una buena inversión y cuál es la rentabilidad lograda al día de hoy, demostrando que no se trató de un salvamento a los propietarios de esa empresa con un componente político. El tercer aspecto de interés para la seguridad social es la rentabilidad real de los instrumentos, y no simplemente afirmar que las AFP deben considerar una rentabilidad mínima.

El sistema de capitalización individual de la República Dominicana muestra claramente que muchos de los argumentos para justificar su implementación son falsos. Los estudios tanto de la SIPEN como del Banco Mundial evidencian densidades de cotización muy bajas: aproximadamente solo el 49 % de quienes alguna vez han cotizado estaba activo al momento del estudio del Banco Mundial, debido a la alta movilidad laboral y al regreso tardío al trabajo formal.

Entre los cotizantes, solo el 20 % al cumplir los 60 años tendrá las 360 cotizaciones requeridas para tener derecho a una pensión, aun considerando 40 años de potencial actividad laboral. El promedio de densidad de cotizaciones es del 38 % del total que se debería tener entre los 20 y los 60 años, y esta situación empeora entre los trabajadores y trabajadoras del quintil más pobre. Al analizar las posibilidades de que quienes no logren las 360 cotizaciones accedan a la pensión mínima con el Fondo de Solidaridad, según el estudio del Banco Mundial, menos del 18 % tendrá una densidad de cotizaciones de entre el 75 % y el 100 %.

Este grave problema de densidad de cotizaciones, asociado a la forma de cálculo de la capitalización individual, hace que, incluso para quienes logren las cotizaciones suficientes, el monto de la pensión sea equivalente a un salario mínimo al ser completado por el Fondo de Solidaridad, debido a los bajos salarios percibidos y a la baja tasa de reemplazo estimada del sistema (de entre el 22 % y el 35 % del salario). Cabe preguntarse si el Fondo de Solidaridad será suficiente.

Es evidente que los datos apuntan a que los 1.3 billones de pesos de los fondos de capitalización individual son canalizados para crear capital financiero a favor de las corporaciones empresariales del país a costa de reducir la capacidad de consumo de bienes imprescindibles del trabajador, de la trabajadora y de sus familias. Esto constituye un impuesto al trabajo a favor de las corporaciones y del Estado dominicano para financiar los déficits presupuestarios y del Banco Central, sin importar que, según la SIPEN, menos del 12 % de la población de 60 años en un futuro no lejano sea la que alcanzará una pensión.

El capitalismo dominicano es codicioso en extremo y, para satisfacer sus ambiciones, paga salarios muy bajos y genera una inestabilidad laboral que afecta el financiamiento de la seguridad social por la vía de las cotizaciones. Según el estudio del Banco Mundial, más del 30 % de los trabajadores cesanteados tarda más de cuatro años en volver a cotizar, y más del 20 % tarda más de seis años.

Aunque el debate sobre los fondos de pensiones se ha centrado en las inversiones —y habría que ver si se destinan a ramas que contribuyen a reducir las importaciones porque agregan valor, o si se van a varilla y cemento para mantener inflado el sector inmobiliario, el turismo u otras áreas de escaso valor—, la discusión de fondo debe ser sobre el futuro de los trabajadores y trabajadoras dominicanas y sobre el modelo económico del país, incluyendo el propio modelo capitalista